La orden de despejar la vía fue impartida por el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, quien advirtió a los trabajadores que la huelga "es ilegal" y no podía ser aceptada la paralización del servicio, porque a afecta a miles de usuarios.
Sin recurrir al uso de armas de fuego, unidades policiales rociaron gas pimienta a dirigentes sindicales para reducirloS, y detuvieron a quienes se resistieron a despejar la vía.
Antenor Guadamuz, dirigente de los trabajadores del volante, afirmó que la huelga fue iniciada en forma indefinida, debido a que "el gobierno se comprometió a pagarles la liquidación e indemnización, a los 30 días de haber llegado a un acuerdo con la empresa MiBus", sin que haya sido cumplida esa promesa.
Los operadores de autobuses exigieron el pago inmediato de sus respectivas liquidaciones, que alcanzan unos 12 millones de dólares y se negaron a volver a dialogar con el gobierno.
Al respecto, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, adujo que la protesta de los trabajadores del transporte estaba dirigida a afectar la VII Cumbre de las Américas, por lo que sería necesario adoptar medidas para hacer cumplir las leyes vigentes.