En la lectura del dictamen, del cual en el mismo acto se solicitó la dispensa del trámite de segunda lectura, el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, Juan Domingo Carballo Ruiz, expuso que la iniciativa es procedente.
“Como plantea el Ejecutivo, esta fuente de ingresos fiscales representa la posibilidad de allegarse de recursos económicos para iniciar, continuar o concluir obras o servicios públicos indispensables para la comunidad sudcaliforniana”, mencionó.
Representa, dijo, una fuente de ingresos para los municipios, los que actualmente participan del impuesto federal todavía en vigor, pero que a partir del 1 de enero fenecerá su vigencia, en virtud de la abrogación aprobada por el Congreso de la Unión.
“De lo anterior, resulta la necesidad de convertir dicha fuente de ingresos en un recurso propio estatal, y con la oportunidad debida hacer los ajustes legales necesarios para participar a los municipios del nuevo ingreso local”, explicó.
Serán objeto de este impuesto los propietarios de vehículos cuyo modelo sea de hasta nueve años de antigüedad al de su fabricación y su valor de primera facturación supere los 100,000 pesos, lo que representa menos del 15 por ciento de los vehículos en el estado.
Carballo Ruiz apuntó que los propietarios del resto de los vehículos no quedarán obligados al pago de este impuesto, lo que desde luego evita un impacto negativo en la economía de las familias sudcalifornianas que menos tienen.