El documento destaca que “es necesario dar continuidad a las labores de esta Comisión Especial, con el fin de seguir colaborando al esclarecimiento sobre el destino de los recursos federales asignados a la Línea 12 del Metro y sus aspectos adyacentes”.
El informe presenta quince recomendaciones a diversas instancias. Resalta que “es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto Metro y el Consorcio Constructor acordaran, a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de construcción de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a las compañías privadas”.
El mismo caso aplica a la contratación del Consorcio Certificador por parte del Proyecto Metro, a quien igualmente se aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra.
Enfatiza que en una administración pública con un esquema jerárquico de responsabilidades y normas claramente definidas, como es el gobierno del Distrito Federal, en este caso se deben deslindar las responsabilidades del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; del ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, y del ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez.
De forma complementaria, sugiere sancionar a los mandos medios y directivos que ejecutaron actos contrarios al adecuado desempeño del servicio público, incluyendo las posibles responsabilidades administrativas, políticas y penales de quienes con su connivencia, negligencia o omisión, perpetraron el fraude a la ciudadanía y al erario público.
De esta forma, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que estudie los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR).
Para que la PGR, en el ámbito de sus atribuciones, agrega, integre las averiguaciones previas de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades correspondientes de funcionarios públicos y empresas privadas.
Pide formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continuar las labores de fiscalización e inicie cuanto antes, de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, los procedimientos para fincar responsabilidades a los ex funcionarios y funcionarios del gobierno del Distrito Federal por el probable desvío de recursos federales para la construcción de la Línea 12 del Metro.
Entre las recomendaciones al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacan que en coordinación con el Proyecto Metro y la Contraloría General impulse los procedimientos resarcitorios que deriven de la determinación de responsabilidades de servidores públicos o empresas privadas, y la ejecución de garantías para operar la Línea 12 a la brevedad posible.
Plantea que las certificaciones en materia de seguridad consideren todos los elementos, sistemas y componentes para asegurar la integridad de los usuarios, las instalaciones y los trabajadores.
Recomienda que atienda las demandas ciudadanas de los vecinos afectados en sus inmuebles o en su salud, a causa de los trabajos de construcción de dicha ruta.
También que establezca una estrecha correlación para evitar problemas como el generado por la falta de coordinación y sus repercusiones materiales y económicas, cuya magnitud total aún se desconoce al día de hoy.
Asimismo, “den prioridad al análisis jurídico-administrativo-económico para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 del Metro, ya que el valor del Proyectos para prestación de servicios (PPS) representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes”.
En las conclusiones del informe se señala que la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino, así como el representante de la empresa Systra aportaron elementos que sustentan la afirmación de que los trabajos para realizar el diagnóstico y emprender las acciones de rehabilitación, son totalmente técnicos y de alta especialización.
Subraya que el proyecto ejecutivo para la rehabilitación, del que depende la posibilidad de realizar estimaciones más precisas sobre el tiempo y el costo de dicho proceso, aún se encuentra en etapa de definición.
El documento señala que Systra declaró que las fallas no se debieron a una falta de mantenimiento, sino a defectos de concepción en el proyecto y una gestión incompleta de la interfaz entre el diseño de los trenes y las vías.
También se refiere que en el análisis contractual sobre los compromisos y responsabilidades de las empresas, se deduce que el Consorcio Constructor, como responsable de desarrollar el proyecto ejecutivo de detalle, en lo referente al trazo y al sistema de vía, incumplió obligaciones contractuales al no asegurarse de la compatibilidad entre el trazo de la vía con curvas de radio reducido y el tren férreo contratado.
Por parte de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), como prestador de servicios del PPS, aun cuando manifestó conocer toda la documentación relevante relativa a la construcción de la Línea 12, no se aseguró la compatibilidad de los trenes que diseñó y fabricó con la vía que se estaba construyendo.
Esta “situación que resulta doblemente cuestionable al considerar que esta empresa ha provisto el 20 por ciento del material rodante o componentes importantes de éstos de la Red del Metro, desde 1986, y se presume como una firma mundialmente reconocida y con amplia experiencia en México”.
Respecto al Consorcio Certificador contratado por Proyecto Metro, señala que no cuenta con acreditación en México y reconoció que no certificó directamente los trenes, bajo el argumento de que no estaba dentro del alcance de su contrato, al haber sido adquiridos directamente por el Sistema de Transporte Colectivo.
“De manera global, se observa que las obligaciones tripartitas entre Proyecto Metro, el Sistema de Transporte Colectivo y el Consorcio Certificador, para atender los aspectos de supervisión y control encaminados a garantizar la seguridad de la línea, desde sus respectivos ámbitos de actuación, fueron desatendidas”, puntualiza.
Durante los posicionamientos, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) dijo que el informe emitido por esa instancia legislativa es sesgado, por lo que, señaló, “la comisión se extralimita en su objeto y en sus atribuciones y no cumple puntualmente con su objetivo de dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro”.
Asimismo, precisó que no está en condiciones de emitir un informe oficial, por lo que solicitó se discutieran las propuestas emitidas por los legisladores, ya que éstas llegaron el 29, 30 y 31 de enero, “no hemos tenido el tiempo para reflexionar las propuestas y un día después se quiere aprobar el informe”, apuntó.
La Comisión Especial, continuó, no solicitó toda la documentación, ni ha citado a todos los involucrados, por lo que exhortó a continuar la información en la materia desde su competencia, así como considerar los resultados de los órganos fiscalizadores. “Es una intención de procesar sin ningún fundamento ni derecho de audiencia al ex jefe de gobierno ante la PGR, por lo que se debe atender su solicitud de conocer y escuchar su postura sobre el caso”, argumentó.
En su intervención, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) calificó el documento emitido como “espurio, unilateral, clandestino y faccioso”, ya que, afirmó, no toma en cuenta los puntos emitidos por los diputados, ni todos los oficios de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que no lo avalaremos, dijo.
Solicitó que se respete el plan de trabajo de la comisión y levantar la reunión, “no sin antes –declaró- escuchar al ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, así como al senador Mario Delgado Carrillo (PRD), de conformidad con la Constitución y el derecho de audiencia”.
En tanto, el secretario de la Comisión Especial, diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN), pidió respeto, ya que, dijo es el pleno de esta instancia legislativa el que determina quién hace uso de la palabra.
Posteriormente, se sometió a votación y fue aprobado el informe de trabajo de la Comisión y se dio por concluida la reunión.