El grupo se encontraba ante los tribunales por una investigación iniciada en octubre de 2007, en la que se han analizado varios centenares de contratos comerciales firmados desde la década de los noventa, con el objetivo de determinar si se había violado la ley que prohíbe pagar a funcionarios o trabajadores estatales para ganar concursos.
En tres casos identificados en Malasia, Letonia y Túnez, según la Justicia helvética, los esfuerzos desplegados por Alstom para romper cualquier regla del comercio internacional "fueron insuficientes" y se observaron "pagos impropios" a funcionarios de esos tres países.
El comunicado precisó que en dos de esos casos la compañía sería en sí misma una "víctima de las acciones de algunos de sus trabajadores", que se habrían enriquecido a expensas del grupo, y en el tercero Alstom estaba subcontratada por un consorcio.
La condena llega por dicha "negligencia corporativa", por la que se le obliga a pagar una multa de unos 2 millones de euros (2.6 millones de dólares), y otro pago de unos 29 millones de euros (39.1 millones de dólares) en concepto de beneficios estimados y procedentes de tales operaciones.
En su nota Alstom hace hincapié no obstante en que las autoridades judiciales suizas no encontraron pruebas de que la empresa tuviera algún tipo de "sistema o cajas negras utilizadas para sobornar a funcionarios para obtener ilegalmente contratos".
La compañía destacó además que no va a recurrir la sentencia, e insiste en que desde la apertura del caso, mantiene su postura de que nunca ha autorizado, organizado o permitido cualquier acto de soborno o de ruptura de la actual legislación.