"Exigimos al jefe de Gobierno y a los titulares de las dependencias del gobierno del Distrito Federal que deben conocer del asunto, que si está completamente catalogado que Uber y Cabify actúan de manera ilegal como lo aceptó el secretario de Movilidad y, por lo tanto, están cometiendo delitos segundo a segundo en esta ciudad, que actúen y pongan un alto total a su operación", fue el llamado que Daniel Medina, vocero de la organización de taxistas y en representación de los mismos realizó frente a las instalaciones del gobierno del Distrito Federal, en el zócalo capitalino.En conferencia de prensa y de acuerdo con la aceptación del secretario de Movilidad, Rufino H. León el jueves pasado de que quienes transportan pasajeros con autor privado a través de aplicaciones como Uber y Cabify, actúan de forma ilegal y cometen un delito, los transportistas exigieron, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea-DF), detener y remitir al corralón a las unidades de Uber y Cabify mediante operativos pues para ello cuentan con las herramientas necesarias para hacer valer la ley y reiteraron que dichas empresas llevan operando en la Ciudad de manera ilegal desde hace dos años, tiempo que el gobierno del Distrito Federal lleva solapando tal situación.
"El gobierno y las autoridades del Distrito Federal cuentan con facultades para realizar acciones para erradicar los servicios ilegales, tienen los elementos para actuar y solucionar esta problemática pero no han querido hacerlo, tienen un sistema muy amplio de cámaras con las que pueden ubicar los lugres donde hacen base estas unidades ilegales, pueden y deben hacer operativos y hasta la fecha, siguen solapando la ilegalidad puesto que UBER lleva ya dos años operando en la ilegalidad y el gobierno capitalino no actúa", reiteró Daniel Medina, vocero de TOCDMX.
Al revivir también las declaraciones del titular de la Semovi, respecto a legalizar el servicio que prestan autos particulares a través de estas aplicaciones, a través de Ignacio Rodríguez argumentaron: "Queremos decirle al secretario de Movilidad que no existen condiciones para realizar una declaratoria de necesidad, ya que hay 140,000 taxis legalmente concesionados. Al secretario de Movilidad le exigimos que deje de buscar escenarios legales para abrir la puerta a estas aplicaciones".
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Y agregaron desconocer "qué oscuros intereses puedan existir, pero es evidente que los hay, cuando dejan de actuar ante delitos evidentes y, también, cuando después de consentir que estas empresas se apoderen de parte importante del mercado, ahora les quieran hacer un apartado exclusivo para ellos en la reglamentación de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal".
Los taxistas aseguraron que no se tienen las condiciones tarifarias ideales que permitirían tener un servicio igual o mejor que el que Uber o Cabify ofrecen a la ciudadanía con costos excesivos, sin embargo, hoy cuentan con servicios capaces de competir con dichas empresas pero sobre todo, servicios 100 por ciento seguros.
"En México los transportistas concesionados tenemos servicios de primera como son los taxis de sitio y los radio taxis, pero es verdad que si la mayoría de nuestras unidades no son de gran calidad, se debe a tres factores donde las autoridades tienen una gran responsabilidad y, podríamos decir, culpa. Son ellas las que han consentido la competencia desleal (Uber, Cabify y los piratas con cromática oficial), son ellas las que han detenido por cuestiones políticas el incremento de la tarifa y también, por asuntos políticos, ellas han incrementado hasta un número muy alto el de las concesiones otorgadas".
Finalmente dijeron los Taxistas Organizados de la Ciudad de México: "les exigimos, que conforme se los mandatan las leyes mexicanas, a las que ustedes juraron cumplir y hacer cumplir cuando tomaron protesta de su cargo como servidores públicos, pongan un alto ahora mismo, hoy, a las actividades ilegales que realizan quienes dan servicio de transporte de pasajeros violentando la ley", porque de lo contrario, dijeron, "entonces estamos ante un gobierno protector de delincuentes, un gobierno simulador".
Los integrantes de la TOCDMX informaron que continuarán actuando conforme al marco de derecho para lograr que estos servicios dejen de operar. De igual forma se dijeron dispuestos a mejorar los servicios y condiciones de las unidades toda vez que existan las condiciones para ello, puesto que debido a la competencia desleal que representan estas empresas el gremio no puede invertir en las mejoras que los usuarios merecen.