El 20 de diciembre de 2019 la SIC sancionó a Uber al resolver una demanda que interpuso la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis, lo que obligó a la plataforma estadounidense a salir del país a comienzos de este año, pero retomó su operación días después con otro modelo.
Los taxistas pidieron entonces que se bloqueara la aplicación al considerar que constituía una forma de "competencia desleal" que afectaba seriamente al gremio, pues no seguía las regulaciones de las empresas de transporte.
Sobre esa decisión, el Tribunal Superior de Bogotá argumentó este viernes que el plazo de dos años para que los taxistas demandaran a Uber ya había vencido, razón por la cual ordenó "declarar probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la parte demandada" en su apelación.
En consecuencia, ese tribunal dio por terminado y a favor de Uber el proceso de apelación, decisión que no resuelve el debate de fondo sobre las supuestas irregularidades de la plataforma para operar en Colombia.
Uber lo celebra
"Celebramos la decisión que el Tribunal Superior de Bogotá tomó el día de hoy, que reversa un fallo injusto proferido por la SIC el pasado 20 de diciembre", manifestó la compañía en un comunicado.
Además señaló que por la crisis causada por el coronavirus "busca ser un aliado del país para recuperar la economía y ofrecer oportunidades de generación de ganancias adicionales para miles de personas".
Uber hizo énfasis en la urgencia de "tener normas claras que permitan potenciar el crecimiento de estos sectores potenciados por la tecnología" y reiteró que su intención sigue siendo "mantener un diálogo abierto con el gobierno colombiano, el Congreso, las autoridades locales y todos los actores interesados".
Además, la multinacional indicó que hará una revisión detallada del fallo para definir cuáles serán las medidas que tomarán en Colombia con respecto a la operación de su servicio.
Bloqueo y regreso
Por la decisión de la SIC, Uber dejó de prestar sus servicios en Colombia el 1 de febrero de este año e inició un proceso jurídico por considerar la sanción una medida "arbitraria", pues iba "en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales".
Al anunciar su salida de Colombia, la compañía dijo que utilizaría todos los recursos legales para defender el derecho de dos millones de usuarios "de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88,000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias".
Sin embargo, la plataforma volvió a operar en el país 20 días después con cinco nuevos servicios y bajo un nuevo modelo de contrato que incluye alquiler de un vehículo con conductor.
Sobre la demanda de los taxistas, Uber siempre ha insistido en que "no es una firma de transporte, sino una empresa de tecnología que intermedia entre un socio conductor registrado en la 'app' que está dispuesto a prestar un servicio de movilidad y un usuario que requiere llegar de un punto A a un punto B".