Al inaugurar el foro “Servicio de autotransporte de pasajeros, desde y hacia los aeropuertos. Empresas de Redes de Transportes (ERT), ¿nueva modalidad? Hacía una discusión razonada”, precisó que el servicio habitual cuenta aproximadamente con mil 864 unidades vehiculares y cada una obtiene un permiso que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para realizar su actividad en puertos aéreos o marítimos.
Para conducir esas unidades, unos 2,700 operadores están registrados ante las autoridades, obtienen una licencia específica después de aprobar exámenes y cumplir con requisitos de leyes y reglamentos correspondientes para proveer su prestación.
“Los trasportistas tradicionales se quejan de prácticas desleales y con toda razón. Es un problema que afecta a muchas personas en el país: gente de trabajo, de familia y con responsabilidades sociales. Los ingresos de más de 2,500 familias dependen de esas fuentes de empleo”, comentó.
Ante los conflictos suscitados entre los servicios electrónicos de taxi y las empresas que desde hace décadas ofrecen esa prestación y cuentan con una base en el aeropuerto, se deben escuchar las distintas voces involucradas en el asunto, subrayó.
“Estamos frente a un problema que tiene que ver con el derecho e incluso con la seguridad del país”, aseguró.
Caballero Pedraza agregó que el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para regular y hacer aceptable la actividad de transporte a través de la telefonía electrónica, pero “Morena se compromete a luchar para que ese proyecto no salga adelante”.
Por su parte, el jefe del Programa Académico de Ingeniería en Transporte, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Jesús Parra Tapia, consideró necesario revisar la demanda de usuarios, ya que eso dicta el número de concesiones que deben otorgarse a empresas de transporte en el aeropuerto.
Ante las nuevas empresas que usan plataformas, digitales, observó, hay que evaluar la demanda y ver que todos cumplan con la normatividad para dar seguridad a usuarios nacionales e internacionales. Aseguró que “el sol sale para todos”, pero la idea es que haya transporte seguro, confiable y rentable.
También del IPN, José Saúl Choreño Quintanar, en su ponencia “Empresas de redes de transporte ¿nueva modalidad?”, refirió que los medios de movilidad de aplicaciones electrónicas son brindados por empresas que, de alguna manera, operan de manera secreta. “Son servicios que se prestan bajo discrecionalidad y excluidos de la normatividad”.
Se desplaza toda una experiencia de conductores por medio de una aplicación tecnológica y se refleja en daños económicos al gremio. Agregó que los choferes de esas plataformas son desconocidos y tampoco se tiene certeza de la cobertura de un seguro en caso de algún siniestro.
El asesor Jurídico de TT Nueva Imagen, Imagen y Portotaxi, Marco Antonio Camposeco Cadena, dijo que solamente aquellos que tienen concesión o permiso para prestar un servicio pueden hacerlo o explotarlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en las diversas terminales aéreas del país.
Mencionó que la SCT es la autoridad competente para regular la operación de este transporte. Estimó que los servicios que se prestan a través de aplicaciones digítales, no pueden considerarse como tal porque no cumplen el reglamento.
De la Policía Federal, María Luisa Hernández González destacó que una de las principales funciones de esta institución es la seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación; prevenir y cuidar su integridad física, así como sus bienes, es fundamental.
Refirió que de acuerdo con la ley, la operación y explotación del servicio de pasaje requiere permiso y, cuando no cuentan con él, la Policía Federal realiza sus funciones y atribuciones para infraccionarlos. Enfatizó que “no estamos fuera del marco de la ley, simplemente hacemos lo que la ley nos permite”.
En su turno, el asesor jurídico TT Nueva Imagen, A.C., Joaquín Ortega Esquivel, señaló que las características que le dan seguridad a la prestación de este servicio es que es público y el Estado es quien tiene la facultad de admitir a un particular para prestar este servicio, sujeto a regulación.
Subrayó que la Policía Federal no tiene un padrón de los prestadores de servicios con aplicaciones electrónicas; por ello, es difícil que esta institución cumpla con su cometido. Concluyó que no hay forma de garantizar la seguridad personal, aeroportuaria y nacional, si se da paso a un proyecto de ley para brindar los servicios a través de dispositivos electrónicos.