Explicó que el sector, que en 2018 movió 56 por ciento del total de las mercancías del país que equivalen a 547 millones de toneladas, apoya las diversas propuestas de los organismos empresariales para preservar el empleo y garantizar la supervivencia de las empresas, entre éstas los estímulos fiscales.
Pero, por su carácter esencial, el sector solicita a las autoridades correspondientes, de los tres niveles de gobierno, las condiciones de seguridad necesarias en carreteras, zonas de carga y descarga durante la presente contingencia.
Por ello, con el objeto de blindar los corredores contra la delincuencia, proponen adoptar el modelo del Centro de Reacción inmediata, para atender el robo al autotransporte de carga que se instaló en el C4 de Puebla, en las rutas de mayor incidencia: México-Puebla-Veracruz-Tabasco; México-Querétaro-Guanajuato-Lázaro Cárdenas.
Asimismo, solicita suspender todos los procesos de sobrerregulación al autotransporte de carga, que en estados y municipios siempre ha sido un punto que debilita la cadena logística y de distribución.
Es por esto que es indispensable eliminar las restricciones de circulación y de horarios a nivel local, disposiciones que además de generar cobros excesivos por permisos de circulación y de carga y descarga, entorpecen e incrementan los costos de los productos.
Dijo también que se deben de evitar medidas que obstaculizan la función del autotransporte, como el registro de vehículos de actividades esenciales.
De acuedo con el organismo, la mayoría de estas regulaciones se aplica sin efectuar estudios de impacto acerca del desabasto que sufriría la población, tanto en la distribución como en la oferta y demanda de los bienes y servicios transportados por el sector.
En cuanto a la Ley de Amnistía, la Coparmex se pronunció en contra de su aprobación, que se realizó apenas el 20 de abril, porque consideró que sin una reforma total al sistema penitenciario será un esfuerzo incompleto, superficial y aislado, con el cual los beneficiarios serán solamente algunos cientos de personas.
Comentó que es “incompleto y aislado, porque no se acompaña con un plan de reinserción social para los delincuentes sentenciados que sean liberados, incluso va a contracorriente de los intentos que está haciendo la misma Federación, para endurecer las penas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, no previene que estos encarcelamientos se sigan dando a futuro”.