Tras una reunión entre los ministros de la Presidencia, Néstor Martínez; Interior, Juan Fernando Cristo; Transporte, Natalia Abello; y Agricultura, Aurelio Iragorri; además del comandante de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, y el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, se acordó evitar que las manifestaciones afecten "los derechos vitales de la ciudadanía".
"El Ejército hará presencia de manera inmediata para garantizar la libre movilidad", manifestó Martínez, quien además aseguró que "el gobierno sigue abierto al diálogo" garantizando el derecho a la protesta "sin fines políticos y sin afectación del orden público".
Desde el jueves pasado las partes intentan llegar a un acuerdo con el fin de levantar la huelga. Sin embargo, esta es la segunda vez que los líderes de la protesta echan atrás su intención de terminar el paro que ya comienza a afectar algunos centros de abasto y el aumento en los precios de varios alimentos en Bogotá y otras ciudades.
Los camioneros argumentan que el supuesto uso de la fuerza en algunas de sus manifestaciones los obliga a suspender indefinidamente los diálogos debido a que se trata de "una protesta pacífica".
"Si el gobierno nacional pretende que la protesta pacífica se convierta en una batalla, los camioneros colombianos responderemos en la medida en que el gobierno nos ataque", advirtió la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) que encabeza la inmovilización que empezó el pasado 23 de febrero.
"No hemos bloqueado, no hemos utilizado vías de hecho, simplemente hemos apagado nuestros motores, pero si el gobierno nos arrincona responderemos", agregaron los líderes camioneros que convocaron la protesta para exigir al gobierno una modificación del esquema de los fletes que pagan los dueños de las mercancías por el transporte.
Por su parte, el fiscal General, Eduardo Montealegre, detalló que ya van "36 capturas por la comisión del delito en daño bien ajeno, obstaculización del servicio de transporte y obstrucción de vías".
Montealegre indicó además que hay un grupo de 800 personas dedicadas exclusivamente a atender los requerimientos que surjan por acciones no lícitas durante el paro camionero.
Finalmente, el defensor Otálora pidió a los líderes del sector "volver a la mesa de negociación" para evitar que haya una "afectación más aguda en el sector agrícola" del país.