El transporte salvadoreño vuelve a circular tras parar por la amenaza de pandillas

El transporte salvadoreño vuelve a circular tras parar por la amenaza de pandillas

El transporte público en El Salvador volvió hoy a la normalidad después de estar casi paralizado durante 72 horas por las amenazas de las pandillas de delincuentes juveniles en rechazo a una nueva ley que refuerza las penas contra sus integrantes.

"Todas las rutas están trabajando", dijo a Efe el dirigente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (CASIT), Rodrigo Contreras.

Precisó que los autobuses y microbuses de las rutas locales e intermunicipales salieron normalmente.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, quien aseguró que "está todo normal".

"Ayer venció el plazo, ya los motoristas (choferes) no tuvieron temor que los quisieran asesinar y ya salieron a trabajar", dijo.

En las calles de San Salvador circulaban hoy las unidades del transporte colectivo mientras patrullas de soldados y policías resguardan la seguridad.

Contreras señaló que también en localidades como Soyapango e Ilopango, así como en el departamento regional de San Miguel (este) se ha restablecido la circulación del transporte, aunque "son puntos más críticos" debido a la "alta presencia de las pandillas".

Desde el martes, el transporte colectivo en El Salvador quedó casi paralizado a raíz de la presión de las pandillas, que amenazaron con atentar contra vehículos y trabajadores de ese sector en rechazo a la ley que proscribe esos grupos.

En un comunicado difundido por medios locales el martes, la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara-18 (M-18), tradicionalmente enfrentadas, se hicieron responsables de la paralización del transporte, pidiendo "disculpas" a la población y anunciando que duraría 72 horas.

Además, propusieron un diálogo con el gobierno, que ha sido descartado por varios funcionarios.

En respuesta, Funes firmó ayer la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, aprobada por el Parlamento el pasado 1 de septiembre y que penaliza la pertenencia y financiación de esos grupos con castigos de hasta diez años de cárcel.

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