La jueza local penal de Managua, Julia Mayorga, admitió este jueves una acusación de la Fiscalía contra el grupo de taxistas por presuntos delitos de exposición de personas al peligro y obstrucción de funciones, mientras sus familiares protestaron en las afueras del recinto judicial.
Mayorga ordenó la prisión preventiva por 11 días para los 40 acusados, cuyo abogado defensor, Manuel Urbina Lara, alegó que fue la Policía Nacional la que "reprimió una manifestación ciudadana, violó derechos ciudadanos constitucionales de libre manifestación y derecho al trabajo al reclamar por más subsidio" al combustible.
Urbina Lara dijo a periodistas que la decisión judicial tiene como propósito enviar el mensaje de que "en Nicaragua no se pueden hacer protestas sociales".
Cinco personas, entre ellas cuatro policías antidisturbios de Nicaragua, resultaron heridas el lunes pasado durante un enfrentamiento con el grupo de taxistas que mantenía bloqueada una rotonda de Managua, según el informe oficial.
El grupo de taxistas, que suspendió sus protestas, demanda a las autoridades les otorguen en efectivo unos 3.5 dólares diarios para subsidiar el combustible.
Las autoridades de Managua otorgan una tarjeta con el subsidio diario a 11,000 taxistas para comprar a menor precio el combustible, no obstante ese gremio pide el dinero en efectivo porque aseguran que en las estaciones de servicio sólo aceptan el descuento si compran más de 25 dólares en carburante, cuyo precio es de unos 5 dólares el galón.
Ese sector también demanda a las autoridades prohibir la circulación de cientos de motocicletas adaptadas para llevar hasta a tres personas a precios bajos, conocidas como "mototaxis".
En Managua los ciudadanos han optado por contratar los servicios de las "mototaxis" debido a sus costos bajos, lo que el transporte selectivo considera "competencia desleal".
Las autoridades de Managua se han comprometido a estudiar las exigencias de los taxistas.