En una serie de comunicados emitidos anoche, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) reveló hasta 22 multas de 500,000 yuanes (77,240 dólares, 65,450 euros) cada una, cantidad muy pequeña en comparación con los multimillonarios ingresos de las compañías afectadas, pero que es la máxima permitida por la actual ley antimonopolio de China para estas irregularidades.
Entre esas 22 multas, ocho han ido a parar a subsidiarias del 'Uber chino' Didi; seis, al gigante del comercio electrónico Alibaba, y cinco, al conglomerado digital Tencent, desarrollador de la popular red social WeChat.
El regulador sanciona a estas empresas por no informar adecuadamente a las autoridades para que aprobasen la adquisición de partes de otras compañías o el establecimiento de empresas conjuntas con sus socios, aunque en algunos casos esas operaciones se produjeron antes de 2018, año en el que se creó la SAMR.
Las multas a las que se enfrenta Didi son a través de subsidiarias como Huidi Tianjin o la filial de vehículos inteligentes de su matriz, y suponen un nuevo revés para la compañía después de que China le prohibiese registrar nuevos usuarios y retirase su 'app' de las tiendas móviles en el marco de una investigación que busca proteger, según Pekín, datos clave para la seguridad nacional.
Didi salió a bolsa la semana pasada en Estados Unidos, tan solo dos días antes de que los reguladores anunciasen las citadas acciones, que han provocado que sus títulos se hayan desplomado casi un 16 por ciento desde entonces.
Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, los reguladores chinos pidieron a Didi que pospusiera su oferta pública de acciones -con la que consiguió unos 4,400 millones de dólares- y que revisara la seguridad de sus redes, pero la compañía decidió seguir adelante ante la ausencia de una orden firme y la presión de sus inversores.
El rotativo oficial chino Global Times dejó entrever que las investigaciones contra Didi -y contra otras compañías similares que también salieron a bolsa recientemente en EU- se deberían a que acumula gran cantidad de datos relativos a las infraestructuras nacionales, y podría pretender que las empresas que busquen captar fondos eviten hacerlo en lugares donde se "amenace" la seguridad nacional china.
Desde finales del año pasado, Pekín ha iniciado una campaña para acabar con prácticas habituales entre las grandes tecnológicas chinas como la conocida como "elegir una de dos" -es decir, exclusividad forzosa con una plataforma en concreto, habitual en el sector del comercio electrónico-, la bajada de precios vía subsidios para conseguir una mayor cuota de mercado o la adquisición de otras compañías sin la autorización pertinente.
En este período, las grandes firmas digitales del país se han enfrentado a investigaciones y sanciones como la de 18,200 millones de yuanes (22818 millones de dólares, 2,375 millones de euros) impuesta en abril por el regulador de los mercados a Alibaba, la mayor multa antimonopolio de la historia del país.
Durante años, el sector digital había florecido en China no solo gracias al enorme mercado del país sino también a la laxitud de las regulaciones -o de su aplicación-, algo a lo que Pekín parece haber puesto fin, especialmente desde la suspensión a última hora de la salida a bolsa de la compañía tecnofinanciera de Alibaba, Ant Group, que iba a ser la mayor operación de este tipo de la historia.
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