La oficina del fiscal general del estado, el demócrata Xavier Becerra, emitió un comunicado conjunto con los defensores públicos de las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco en el que explicó que se solicitará al juez una orden para que Uber y Lyft reclasifiquen a sus conductores "con carácter inmediato".
"Es hora de que Uber y Lyft estén a la altura de sus responsabilidades y de la gente que les permite tener éxito: sus trabajadores. Clasificarlos como contratistas significa que quieres que sean tus trabajadores o los contribuyentes quienes paguen las obligaciones que a ti te tocan como empleador", apuntó Becerra.
Desde el pasado 1 de enero es obligatorio por ley en California que las empresas de la llamada economía colaborativa como Uber, Lyft o la firma de entregas DoorDash contraten formalmente a quienes ofrecen servicios a través suyo, en lugar de asignarles la condición de contratistas independientes.
La ley ha encarado el rechazo frontal de estas compañías, puesto que tener contratistas en vez de empleados les permite no tener que pagarles un salario fijo ni ofrecerles los beneficios que sí les corresponderían si fuesen trabajadores con contrato, como seguro médico y días de vacaciones o de enfermedad.
Uber, Lyft y DoorDash anunciaron a finales del año pasado que dedicarían hasta 90 millones de dólares entre las tres para promover que la decisión final sobre esta ley recaiga en los votantes californianos mediante un referéndum en noviembre, coincidiendo con la elección presidencial en Estados Unidos.
Se calcula que alrededor de un millón de personas trabajan como contratistas independientes en el sector de la economía colaborativa en California, el estado más poblado de EU y donde tienen su sede Uber, Lyft y otras compañías de este tipo.