No. OHL no ha sido ni será sancionado por cumplir la ley, sino por violarla de manera grave y sistemática. Por engañar, por defraudar, por corromper.
Del reporte de PwC, difundido públicamente por el gobierno del Estado de México el viernes 19 de agosto de 2016, se desprende lo siguiente:
• Los cambios en el Proyecto Ejecutivo y las obras adicionales que supuestamente generaron la sobreinversión que llevó a la firma del ilegal Acuerdo 01/2011, no fueron previamente aprobados en términos del Título de Concesión, lo que significa que dicha sobreinversión (en caso de que existiera), no puede válidamente incorporarse al proyecto financiero ni puede dar lugar a una modificación al Título de Concesión, ni a reequilibrios de ninguna especie.
• El modelo financiero no es consistente con la proyección de aforos vehiculares e ingresos del estudio presentado por OHL, ni con el esquema tarifario propuesto, por lo que la propuesta de OHL debió ser desechada.
• El monto de inversión que se incluyó en el Anexo 4 del Título de Concesión, debió ser ajustado a la baja en $162 millones de pesos, en términos de lo establecido en el Dictamen Técnico para la adjudicación de la Concesión, pero OHL, con el favor del entonces secretario de Comunicaciones del Estado (Gerardo Ruiz Esparza), logró mantener las cantidades “infladas” presentadas originalmente en su Propuesta Económica.
• Por un error (eso dice PwC) OHL “duplicó” el costo de la Etapa III, de $3,834 millones de pesos a $7,699 millones de pesos, pero como no está dispuesto a corregir el error, OHL presentó a PwC un “documento interno” en el que afirma haber encontrado un sobrecosto por un monto similar al del error. No es broma. Ahí está el Reporte de PwC. Evidentemente, este supuesto sobrecosto no está justificado en modo alguno.
• Las irregularidades detectadas no suman $296 millones de pesos, sino varios miles de millones de pesos que fueron indebidamente registrados por OHL como inversión, que genera un rendimiento de 7 por ciento real anual. No es lo mismo.
• No es posible saber cómo determina OHL su capital de riesgo.
• OHL adelantó la construcción de la Etapa II, a pesar de que la condición a que se sujetó el inicio de dicha construcción no se había cumplido y de que no existe evidencia de que el Título de Concesión se hubiera modificado en este sentido.
• El modelo financiero con base en el cual se realizó el Anexo 4 Modificado utiliza una tarifa menor a la autorizada para el cálculo de sus ingresos.
• El 22 de diciembre de 2014 Apolinar Mena, entonces secretario de Comunicaciones del Estado, suscribió con OHL una Carta Compromiso para acordar un nuevo régimen tarifario y un plazo adicional para la vigencia de la Concesión, hecho lo cual tomó unas merecidas vacaciones VTP en Mayakobá.
Realmente, lo mejor del Reporte de PwC es lo que la auditora no vio y no pudo determinar por falta de documentación. ¿El gobierno de Eruviel Ávila le ocultó información? PwC no evaluó las propuestas del concurso ni los mecanismos para asignar puntos y porcentajes. Debió haberlo hecho.
En 2015 PwC fue contratado por OHL para ocuparse del registro contable de la inexistente “rentabilidad garantizada” en el Viaducto Bicentenario, por lo que tiene un evidente conflicto de interés. ¿Lo informó al gobierno del Estado?
El Gobierno del Estado de México acaba de anunciar que determinó sancionar a OHL con una multa por $38.3 millones de pesos, derivado de los hallazgos reportados en la auditoría realizada por PwC. Esta sanción es claramente insuficiente.
El gobierno del Estado debe fundar y motivar su determinación, hacer pública toda la información relativa al Viaducto Bicentenario, incluyendo los anexos del Reporte de PwC y toda la información que hubiere puesto a disposición de PwC. Y debe revocar el Título de Concesión y presentar las denuncias penales correspondientes.