José Eduardo Llanos Valderrama, presidente de la AMBA, aseveró: “El sector sí requiere una nueva Ley Federal para una sana, eficiente y justa competencia, entonces el gobierno federal ante el mensaje que enviamos los empresarios serios, organizados y comprometidos con México, desarrolla una nueva Ley, donde los blindadores aportamos opiniones y necesidades. En los últimos años, el sector de la seguridad privada que es fuente de empleo para un millón 500,000 personas, se ha visto obstaculizado por múltiple tributación, tramitología y proliferación de empresas irregulares. Las blindadoras no somos ajenas a esta problemática”.
El titular de la AMBA, organismo que agrupa a las siete principales blindadoras del país, que ocupa el 60 por ciento del mercado nacional y es fuente de empleo directo e indirecto para 20,000 personas, dijo que el presente año ha sido muy productivo para la industria de la seguridad corporativa que se ha unido y consensado respecto a las necesidades que enfrenta, la principal de ellas es la regulación de servicios y el establecimiento de reglas claras para la operación.
“Respecto a la nueva Ley Federal, muchos empresarios y presidentes de asociaciones civiles, fuimos convocados para analizar la Ley vigente y ofrecer nuestras aportaciones para la mejora de la nueva. Si bien las blindadoras se deben ceñir, también se les deben eliminar ciertos requisitos. En el caso de la seguridad privada, donde erróneamente nos tienen asignados a los blindadores, se han detectado hasta 114 distintos requisitos que solicitan las entidades federativas para obtener el permiso de operación, lo que hace prácticamente imposible entregar un servicio”.
Llanos Valderrama aseveró que la AMBA se suma a los trabajos que las legislaturas y el gobierno federal emprendan para mejorar en primera instancia la seguridad de los mexicanos, así como las condiciones de oferta y demanda de la seguridad privada, industria donde los blindadores juegan un papel preponderante al comercializar al año hasta 3,000 unidades.
Muchas empresas de seguridad (multi servicios) con permiso federal –afirmó José Eduardo Llanos- tienen la autorización para ofrecer en un momento dado, blindaje automotriz; claro que sin los más mínimos controles de calidad, seguridad, seriedad y servicio, lo cual luego de los primeros problemas con sus usuarios finales, casi siempre migran a la clandestinidad.
A juicio de los asociados de la AMBA, la industria de la seguridad corporativa en general y en específico el sector del blindaje, requieren la pronta intervención de las autoridades federales debido a la alta proliferación de empresas que carecen de los permisos necesarios, calidad, seriedad y garantías posventa, lo cual “canibaliza” precios y la sana competencia, además de que representan una seria amenaza para la integridad de sus clientes. “Se estima que en México existen alrededor de 50 empresas blindadoras, de esa cantidad, se estima que entre 15 y 20 son ilegales”, añadió el directivo.
Mencionó que la clave para detener la proliferación de empresas que funcionan en la irregularidad, consiste en la concientización de los consumidores de que no se trata sólo de precios y al momento de contratar una blindadora –recomienda- verificar que cuenten con los permisos necesarios, y si es posible, visitar las instalaciones y solicitar su registro ante la DGSP de Comisión Nacional de Seguridad.
“Puntualiza que para la industria del blindaje es necesaria una legislación acorde a la actividad, puesto que el gremio ha sido encasillado en el nicho de las compañías de seguridad privada cuando la mitad de los reglamentos o artículos no aplican para una empresa manufacturera.
La AMBA, socio fundador de la Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), afirmó que el sector tiene mayor presencia, voz y voto, luego de las dinámicas que el actual titular de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), de la CNS ha emprendido con los empresarios, principalmente en el tema de necesidades, por lo tanto se busca que la nueva Ley que se promueve salga sin “viejos vicios”.
La nueva Ley contempla una sola regulación que se va aplicar en todo el país. Hoy en cada estado y municipio antes de abrir operaciones, las autoridades solicitan diferentes documentos y requisitos, luego entonces, lo que la Ley Federal establezca se tendrá que replicar y acatar para hacer los mismos lineamientos y requerimientos para la operación de las empresas de seguridad privada, incluidas las blindadoras. Sin duda, quien no cumpla las nuevas disposiciones oficiales está fuera de la ley y de competencia.
Soluciones
Para los empresarios agrupados en la AMBA, la creación y puesta en marcha de una Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada sería lo idóneo, pues a través de ella se promovería el reordenamiento del sector en sus 11 ramas industriales. Además, las asociaciones cúpula y las empresas en lo individual, serían los encargados correctos en materia de asesoría para el gobierno en todo lo relacionado al diseño y ejecución de políticas, leyes y reglamentos para sus respectivos gremios, con ello se evitaría caer en leyes relativas, incluso en duplicidad de requisitos y tributación.
Puntualizó que para la AMBA es inminente trabajar de manera coordinada en todo lo referente a reglamentación, profesionalización, mejora del sector y sobre todo en la creación de la Cámara de la Seguridad Privada, pues sin duda a los empresarios formales les permitirá impulsar medidas benéficas para México, sus compañías y sus usuarios finales, quienes gozarán de mayor certeza y seguridad de los productos y servicios contratados.