A juicio de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), la industria en general y en específico la del blindaje, requiere la pronta intervención de las autoridades debido a la alta proliferación de empresas que carecen de los permisos necesarios, calidad, seriedad y garantías posventa, lo cual “canibaliza” precios y la sana competencia.
Luego de que el equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto anunciará que el gobierno impulsará una nueva regulación de la industria de la seguridad privada, la AMBA coincide en que lo que falta es un reordenamiento, pues ésta se encuentra sobre regulada y en medio de controversias, principalmente por la falta de homologación en sus leyes y reglamentos.
A decir de Fernando Echeverri Posada, presidente de la AMBA, esta situación afecta a diversos segmentos de la protección privada, incluido el blindaje, ya que al no haber una uniformidad de leyes se cae con frecuencia en una doble o triple imposición tributaria, la cual encarece para el usuario final los productos y servicios.
Ejemplificó: “En el caso de la seguridad privada o intramuros, donde erróneamente nos tienen asignados a los blindadores, se han detectado hasta 114 distintos requisitos que solicitan los estados para obtener el permiso de operación, lo que hace prácticamente imposible entregar un servicio”.
La AMBA, organización que agrupa a las principales blindadoras del país y que ocupa el 60 por ciento del mercado nacional; buscará como organismo representativo los canales de comunicación con el nuevo gobierno federal, así como con el Senado de la República y la Cámara de Diputados a fin de colaborar en las iniciativas de leyes, reglamentos y normatividad de la industria para lograr su buen funcionamiento en beneficio de la sociedad, además de la oferta de capacitación y profesionalización constante de quienes participan en este sector.
“La AMBA se suma a los trabajos que las nuevas legislaturas y el gobierno federal emprendan para mejorar en primera instancia la seguridad de los mexicanos, así como las condiciones de oferta y demanda de la seguridad privada, industria donde los blindadores jugamos un papel preponderante al ser fuente de empleo directo e indirecto para más de 20 mil personas”, afirmó Echeverri Posada.
Destacó que según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a través de la Dirección de Seguridad Privada (DSP), ente que lleva el registro de las empresas del ramo que operan en más de un estado de nuestro país, en 2006 había registro de 357 empresas; sin embargo, al cierre de septiembre de 2012, eran 3,356 compañías. De estas, 2,266 corresponden a consorcios con permisos estatales y 1,090 al federal.
"Insólito –afirmó el presidente de la AMBA- muchas de estas empresas con permiso federal tienen la autorización para ofrecer en un momento dado, blindaje automotriz; claro que sin los más mínimos controles de calidad, seguridad, seriedad y servicio, lo cual luego de los primeros problemas con sus usuarios finales, casi siempre migran a la clandestinidad".
Soluciones
Para los empresarios agrupados en la AMBA, la creación y puesta en marcha de una Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada sería lo idóneo, pues a través de ella se promovería el reordenamiento del sector en sus 11 ramas industriales. Además, las asociaciones cúpula y las empresas en lo individual, serían los encargados correctos en materia de asesoría para el gobierno en todo lo relacionado al diseño y ejecución de políticas, leyes y reglamentos para sus respectivos gremios, con ello se evitaría caer en leyes relativas, incluso en duplicidad.
Para finalizar, Echeverri Posada puntualizó que para la AMBA es inminente trabajar de manera coordinada en todo lo referente a reglamentación, profesionalización, mejora del sector y sobre todo en la creación de la Cámara de la Seguridad Privada, pues sin duda a los empresarios formales les permitirá impulsar medidas benéficas para México, sus compañías y sus usuarios finales, quienes gozarán de mayor certeza y seguridad.