Manuel Escobedo comentó que un riesgo es cualquier evento que impide el logro de nuestros objetivos, por ello hay que tener un plan adecuado que minimice y administre sucesos repentinos (sociales, económicos, naturales o políticos), para beneficio de todos y particularmente del sector público.
Recordó que el Estado es el principal administrador de riesgos y es el responsable de generar bienestar de largo plazo, pero antes debe medir los factores que impiden el cumplimiento de metas y beneficios para la población y aplicar diversas políticas económicas y sociales para lograrlo.
En materia de administración de riesgos, dijo que la AMIS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantearon seis prioridades a atender:
- Transitar a una cobertura universal de salud (pública y privada), pues en México se destinan menos recursos a este rubro en comparación con los demás países de la OCDE.
- Consolidar un esquema de ahorro para un futuro digno; hay que recordar que 84 por ciento de las personas no ahorran para largo plazo.
- Potenciar el desarrollo y la penetración del seguro en el campo mexicano, ya que en las últimas dos décadas el 80 por ciento de las pérdidas se debieron a desastres naturales.
- Aumentar la resiliencia de la vivienda de los mexicanos; sólo 6% de los daños derivados de los sismos de septiembre de 2017 estaban asegurados.
- Combatir y prevenir ilícitos y proteger a las víctimas de accidentes viales. Los accidentes le costaron al sector asegurador 14,000 millones de pesos, mientras que el robo de autos representa 1.7 por ciento del PIB.
- Fortalecer la administración de riesgos de los bienes del Estado mexicano, ya que invierte unos 5,500 millones de dólares cada año en seguros.
Al referirse a los sismos ocurridos en septiembre de 2017, Manuel Escobedo dijo que el reto más grande fue atender los 71,000 siniestros derivados ellos, pues sumaron pérdidas aseguradas por 29,800 millones de pesos, y que al 30 de abril ya se ha pagado 66% de los reclamos.
El monto por casi 30,000 millones de pesos se integra a los 25,000 millones de dólares de pérdidas por las catástrofes naturales de los últimos 17 años en México.
El presidente de AMIS también indicó que el país requiere de una política de aseguramiento de vivienda que contemple regular adecuadamente a los condominios, así como asegurar y fiscalizar la forma como estos se aseguran y administran su riesgo, además de extender la protección a los estratos económicos más bajos con microseguros catastróficos.
“Hemos aprendido lecciones importantes que permitirán mejorar nuestros servicios”, por ello, antes de fin de año AMIS e INFONAVIT buscan implementar un nuevo esquema de aseguramiento de vicios ocultos, que proteja las casas de interés social durante un plazo de 10 años.
Respecto al ahorro para el retiro, la Amafore, la Asociación de Banqueros de México, AMIB y AMIS, buscan este año fortalecer el esquema de ahorro voluntario.
Durante la Convención, la AMIS entregó formalmente la Propuesta del Sector Asegurador, dividida en tres documentos:
- El Plan Estratégico de Expansión de Mercado del Sector Asegurador, Estudio del Subsistema Privado de Atención de la Salud en México, Diagnósticos y Retos.
- La Administración de Riesgos Públicos para la Población Adulta Mayor.
- La Agenda para Instrumentar una Política de Administración de Riesgos en México.