El gobernador respondió así a la denuncia pública de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) realizada ayer, en la que señalaba que si el gobierno federal no autoriza una regularización extraordinaria de vehículos "chocolate" o "chuecos" en Chihuahua, César Duarte iniciaría un censo de este tipo de unidades mediante un engomado, lo que sería la antesala de una nueva regularización con los impactos económicos, ambientales y de seguridad vial que esto implica.
"A mí me parece que la posición de cualquier organización es valida en degfensa de sus intereses, lo que yo no puedo aceptar es que 100,000 carros circulen en Chihuahua como una trinchera a la delincuencia, eso lo sabemos todos", dijo el gobernador de extracción priísta.
"Pero además -añadió el mandatario estatal-, está acreditado que en todos los hechos violentos, absolutamente en todos, han participado carros sin placas, y en ese sentido, me parece verdaderamente irresponsable esa posición, cuando el gobierno, insisto, como les dije ayer, el estado más cómodo para comprar un Cadillac o un Mercedes nuevo es Chihuahua".
Con las declaraciones del gobernador se infiere que es más fácil para el gobierno estatal emplacar a los vehículos ilegales, que detenerlos al no portar las placas a las que están obligados para circular.
Cabe recordar que ayer la AMDA señaló que, desde el 2005 se han importado casi 6 millones de vehículos usados de Estados Unidos, lo que ha afectado las ventas de vehículos nuevos.
Es importante señalar que las ventas de vehículos nuevos favorecen a las economías estatales y a la nacional mediante el pago de impuestos y la creación de puestos de trabajo formales.
"No es válido que las autoridades estatales promuevan la internación de vehículos ‘chuecos’ o ‘chocolate’ y me refiero a que de nueva cuenta encontramos como personaje central de esta historia al gobernador de Chihuahua César Duarte, ya que en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados en 2009 interpuso una controversia constitucional sobre los requisitos que impuso el Decreto a la importación de usados y ahora chantajea al gobierno federal para que autorice una regularización", dijo ayer Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.
El directivo de la AMDA recordó que fue César Duarte quien en 2009, tras la publicación del Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, interpuso una controversia constitucional contra los requisitos que contempló el mandato presidencial, esto bajo el argumento que eran violatorios al Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Rosales Zárate explicó que la ratificación emitida por la SCJN expone que no es violatorio del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) la solicitud de un documento que ampare que el vehículos que contempla importarse a México de Estados Unidos o Canadá cumpla con el requisito de haberse fabricado en un 60 por ciento en uno o con autopartes de alguno de los tres países que integran el acuerdo comercial, recibiendo con ellos un trato preferencial en el pago de los aranceles respectivos.
El vocero de los distribuidores de automotores puntualizó que este anuncio toma especial relevancia debido a la próxima conclusión el 30 de junio de la vigencia de este Decreto, por lo que se requiere la publicación de un nuevo criterio federal que mantenga y refuerce los requisitos validados por los máximos jueces del país.
Cabe recordar que César Duarte se ha caracterizado por decisiones que eximen al gobierno de las responsabilidades a las que le obliga la ley, en este caso, responsabiliza indirectamente a los que se oponen a la legalización de los autos ilegales, con el argumento de que son los responsables de la violencia.
Así mismo, hace unas semanas propuso al gobierno federal el servicio militar obligatorio en el Ejército para mayores de 18 años que no estudien ni trabajen; dicha medida fue duramente criticada por amplios sectores de la población, quienes le exigieron al gobernador que, en lugar de obligar a los jóvenes a enrolarse en la filas del ejército, debería abrir más espacios para estudiar y reactivar la economía no sólo para crear más empleos, sino que éstos sean bien remunerados.
Dicha propuesta contempla sancionar con prisión a los jóvenes en edad militar que antes de cumplir con el tiempo obligatorio de servicio deserten sn causa justificada, así como a quienes les ayuden por medios ilícitos a lograr ese objetivo.