“La decisión no fue unilateral, cuando conocimos los métodos de prueba para la certificación y las especificaciones de los equipos para dar cumplimiento a la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, supimos que en Morelos no se podría aplicar porque no había la infraestructura adecuada”, explicó Topiltzin Contreras MacBeath, titular de la SDS.
A esto –dijo- se añadía el hecho de que los permisos otorgados para manejar los verificentros se terminan en diciembre, entonces “ellos (los dueños de los negocios) tenían que hacer grandes inversiones, como de 30 mil dólares por ejemplo, y tardarían en migrar a los nuevos sistemas varios meses, por lo que no daba tiempo, perderían sus permisos antes de que se concluyera el proceso de actualización”.
Fue entonces que se publicó el decreto por el que se suspende la vigencia del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el estado de Morelos, y se convocó a los empresarios a trabajar de manera coordinada para sentar las bases de la modernización de los verificentros.
“Nos reunimos en diversas ocasiones, incluso, en una de las reuniones sus propios proveedores les dijeron que no cumplían con los requerimientos que especifica la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, ellos conocían la situación”, argumentó.
El principal cambio que la NOM-047-SEMARNAT-2014 considera que los centros de verificación y unidades de verificación vehicular contarán con los equipos de lectura adecuados para los sistemas de diagnóstico a bordo, conocidos como OBDII y EOBD (por sus siglas en inglés) o similares.
Estos sistemas permiten identificar y mantener un registro de las fallas de operación de todos los componentes del tren motriz relacionados con la emisión de gases contaminantes, factor que no puede desvincularse de los niveles de emisión que genera el vehículo una vez que se encuentra en circulación.
Las autoridades de la SDS han acompañado a los empresarios para que sean parte de la nueva convocatoria de licencias de verificentros, los cuales tienen que cumplir a cabalidad con lo estipulado por la norma.
“Es un tema de transparencia y de mejora ambiental”, afirmó Contreras MacBeath.
Precisó que será en los últimos días del mes de julio cuando se dé a conocer la convocatoria en la que podrán participar los dueños de los actuales verificentros, ya que “no hay ningún interés de favorecer a ningún grupo”.
Asimismo mencionó que se creará una Contraloría Social para darle aún más trasparencia al tema.
“Ella será la encargada de vigilar todo el procedimiento que debe concluir el 31 de diciembre, con la puesta en marcha de los nuevos centros de verificación y la reactivación del Programa”, agregó.