Mediante un albazo a los integrantes del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía hoy martes 26 de octubre se presentó el “Informe del resultado de la Revisión Sistemática de la NOM-236-SE-2021 Vehículos automotores-Condiciones fisicomecánicas de los vehículos con peso bruto vehicular que no exceda 3,857 kg”.
Sin proporcionar información previa al grupo de trabajo, con una revisión sistemática desconocida se llevó a votación la desaparición de una NOM que aún no entra en vigor: la Dirección General de Normas (DGN) ha iniciado el procedimiento de cancelación de una NOM cuyo objetivo era ver por la seguridad vial de toda la población de nuestro país.
Paradójicamente la propia Ley de la Infraestructura de la Calidad establece en su artículo 10, fracción XII que las NOMs tienen como finalidad atender causas que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público como la seguridad vial.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, explicó que lo que parecería una acción para acatar una orden presidencial claramente atenta no sólo con la mencionada ley, sino contra el derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Y es que lo que en apariencia podría ser una acción para apoyar a los “propietarios de vehículos en una época de crisis económica” puede dejarlos a la deriva, ya que la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece que las revisiones de los vehículos en circulación las deberán realizar los gobiernos estatales; el no contar con una NOM con directrices claras causará que cada gobierno estatal y hasta municipal determine la forma de implementar la revisión de condiciones fisicomecánicas a su modo.
Esta decisión llega con lo que pareciera un gran desconocimiento sobre el funcionamiento e implementación de las Normas Oficiales Mexicanas de esa índole, justo cuando todos los Estados que componen nuestro país ya se han puesto a trabajar en el tema porque por ley está corriendo un periodo de armonización de legislaciones locales de acuerdo a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial promulgada en mayo pasado.