Entre 1,500 y 2,000 trabajadores del gigante siderúrgico, según los sindicatos, y 1,200 según la Policía, marcharon hoy por la ciudad de Namur con el fin de presionar al gobierno valón para que tome medidas que permitan salvar los empleos y garantizar la viabilidad de una industria, que no logra remontar en la región.
Los manifestantes se concentraron a pocos metros del Elysette, la sede del gobierno de Valonia, en la que se reunió hoy una delegación de los trabajadores de ArcelorMittal con representantes del ejecutivo regional para buscar una solución al despido de unos 1,300 empleados de la multinacional en la planta de Lieja (este del país) por el cierre de varias instalaciones de la fase de fabricación en frío.
Pese al importante dispositivo policial desplegado, la manifestación, que se desarrolló inicialmente de manera pacífica, degeneró en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los trabajadores de ArcelorMittal que se saldó con cinco agentes heridos, uno de ellos grave, y varios manifestantes lesionados, según los medios de comunicación belgas.
De acuerdo con la Agencia Belga, un trabajador tuvo que ser ingresado en un hospital con un hombro dislocado.
Según la radiotelevisión pública francófona de Bélgica (RTBF), algunos trabajadores, armados con barras de hierro, lanzaron diferentes objetos como piedras y pintura a los antidisturbios, que emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua a presión para dispersar a los manifestantes.
Un helicóptero sobrevolaba el área, donde algunos manifestantes rompieron los escaparates de varios comercios.
ArcelorMittal lamentó que se haya habido heridos en la manifestación, según la Agencia Belga.
"Sabemos que nuestro reciente anuncio con respecto a Lieja es difícil para muchos de nuestros interlocutores, pero no aprobamos la violencia", señaló, al tiempo que prometió "hacer todo lo posible para encontrar, con todos los trabajadores, una solución aceptable para todas las personas afectadas".
El gobierno valón lamentó los incidentes pero recalcó tras el encuentro con los representantes laborales de ArcelorMittal que no debe haber "ninguna duda" de la determinación común de ambas partes de encontrar una solución para los empleados afectados por los despidos.
"Estamos preparados para una prueba de fuerza y no se descartará ninguna solución en el seno del grupo de trabajo especial, que tendrá como misión buscar un comprador", señaló el presidente de la región francófona de Valonia, el socialista Rudy Demotte.
El ejecutivo regional y los representantes sindicales acordaron un objetivo común: mantener las instalaciones industriales en Lieja.
La posibilidad de una nacionalización o de una ayuda estatal no fueron mencionadas en la declaración conjunta emitida tras la reunión.
"Los sindicatos y el gobierno valón apoyan las iniciativas encaminadas a crear nuevos instrumentos jurídicos a nivel federal que permitan intervenir propiedades industriales condenadas al cierre", señala el comunicado.
No obstante, ArcelorMittal ya se ha opuesto a que otro inversor industrial adquiera las instalaciones.
El gobierno federal, que preside el socialista Elio di Rupo, y el Ejecutivo regional valón, han advertido a la dirección de la siderúrgica de que "no aceptan" el cierre de esas instalaciones.
Otra de las opciones sobre la mesa es la de una posible nacionalización de esas instalaciones, como han propuesto los sindicatos, un planteamiento que ha generado muestras a favor y en contra entre los partidos políticos y de los propios trabajadores y que ha sido de nuevo rechazada por el grupo siderúrgico.
El cierre de los altos hornos de Lieja hace un año ya supuso la pérdida de unos 600 empleos directos y hasta 2,000 indirectos.