Indicó que en 28 entidades del país, las leyes de tránsito establecen que conducir bajo los efectos del alcohol es causa de una infracción, pero únicamente en 16 legislaciones locales aluden de forma directa o indirecta a la facultad de la autoridad para implementar puntos de control de alcoholimetría en sus respectivas jurisdicciones.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2013, alrededor de 20,000 personas fallecieron en algún tipo de accidente de tránsito, siendo la proporción tres hombres por cada mujer.
Estos percances representan la primera causa de muerte en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y ocupan el quinto lugar como causa de defunción general en el país. Entre los principales factores de riesgo, se encuentra la conducción a exceso de velocidad, la presencia de alcohol y drogas, abundó.
García Ayala mencionó que de las colisiones de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, en el 13.6 por ciento hubo algún lesionado y en el 19 por ciento, se registró al menos un fallecido, todos relacionados con el consumo de alcohol; ello, sin contar que en 2 de cada 3 casos se presentó esta variable.
Relató que una medición sobre la prevalencia de los factores de riesgo en las entidades federativas entre 2010 y 2013, arrojó que 4.9 por ciento de los conductores observados lo hacían bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
También, que en conductores jóvenes o inexpertos se incrementa notablemente el riesgo de sufrir un accidente aún con niveles bajos de alcohol; 5.9 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 21 años de edad conducían bajo los efectos del alcohol; 5.1 por ciento de los hombres, y 3.1 por ciento de las mujeres conducían bajo los efectos del alcohol.
Recordó que el gobierno federal puso en marcha el Programa de Acción Específico: Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2013-2018, que constituye la respuesta de la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, al compromiso del gobierno por contribuir a disminuir las muertes y daños a la salud causados por los accidentes de tránsito.
La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, precisó tiene el propósito general de reducir 50 por ciento las muertes, así como bajar al máximo posible las lesiones y discapacidades relacionadas con el tránsito en el país, promoviendo la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y facultades, en la implementación de las diversas acciones.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 1.3 millones de personas mueren cada año a causa de siniestros de tránsito en el mundo. Entre 20 y 50 millones resultan lesionadas y algunas de ellas quedan con discapacidad, por esta situación.
De no realizarse ninguna acción, se prevé que entre el año 2000 y 2020 se incrementarán las muertes un 65 por ciento en todo el mundo, y podrían llegar a 80 por ciento en países con ingresos bajos y medios. En Iberoamérica, cada año más de 120 mil personas fallecen en carreteras por esta causa, y muchas más quedan impedidas y discapacitadas de por vida.
Finalmente, García Ayala expuso que la acción estratégica de alcoholimetría tiene como objetivo contribuir a la disminución, mediante acciones preventivas de la ocurrencia y gravedad de lesiones de tránsito, como consecuencia de la conducción bajo los efectos del alcohol.