Al informar que se promueven más de 13 solicitudes de información a las Secretarías de Seguridad Pública, Movilidad y Agencia de Gestión Urbana, entre otras acciones legales en una segunda etapa, alertó a proteger al automovilista de actos inconstitucionales, prevenir y hasta promover castigos en caso de posibles irregularidades.
Explicó que se analizaron experiencias similares en Chicago, Baltimore, Columbia, Kansas y hasta Puerto Rico, entre otras, que reveló (con evidencias documentadas) fallas y colusión entre funcionarios y las empresas concesionarias del sistema, incluso responsabilidad de quienes firmaron el contrato.
Ejemplificó que tan sólo en Chicago, donde intervino el FBI desde 2014, detectaron entre la alcaldía y la empresa Redflex, soborno, falsedad en declaración, extorsión y fraude postal, incluso electrónico. Funcionarios confesaron que recibieron sobornos para servir como gestores de la empresa, dinero que fue destinado a campañas políticas en Columbus y Cincinnati a cambio de extender el programa, y señaló:
"Mientras que en Baltimore descubrieron que el sistema de cámaras estaba mal calibrado; en Missouri la empresa alteró la red de semáforos para generar más infracciones y en Columbia hubo quejas por ser observados sin permiso".
"En Puerto Rico otorgan menos beneficios (45 por ciento) a expensas de las infracciones que cometían los automovilistas".
"Entonces, si vamos a ser tan generosos, subrogar facultades y copiar modelos del vecino país, que vaya integradas acciones completas y preventivas para no cometer o evitar las mismas fallas, transparentar el sistema y sobre todo que no haya corrupción, advirtió el legislador".
"No estamos contra el Reglamento de Tránsito ni contra las acciones que protegen y previenen muertes o accidentes, pero no limitemos métodos loables ni coloquemos por encima de la cultura vial el ingreso de recursos económicos", subrayó.
"Por ello, aplicamos dos etapas. La primera acompañada de un video explicativo y cartel con difusión por redes sociales".
"En la segunda medida, ya con las respuestas oficiales de Infomex. (esperamos conciencia de lo urgente de la información) se analizan acciones legales si descubrimos irregularidades".
"Desde la Comisión de Derechos Humanos queremos ejercer nuestra función, actuar para evitar anomalías y contribuir con las autoridades de la Ciudad de México, así como con la población en acciones tripartitas que no violenten las garantías del conductor ni haya daño patrimonial".
"Por eso debemos conocer con precisión los anexos del contrato con la empresa Autotraffic, para evitar errores, además de que aún no explican cómo garantizan el buen uso del archivo con datos personales (conductores, automóviles y números de placas) que cedieron a manos particulares, la calibración para evitar fallas en las máquinas y la certeza de infraccionar a quien viola los límites de velocidad".
"Debemos entender que no podemos perder el tiempo ni gastar más recursos del erario público en plebiscitos, hay momentos de usar la figura y en este caso, ya pasó, ahora sólo es populismo. Respetar la Carta Magna no se somete a consulta, se obliga a cumplirla. Es absurdo consultar cuando detectamos a todas luces irregularidades, omisiones y violaciones a las garantías".
"Lo que procede es argumentar con acciones y cancelar actos que afectan derechos, sin y negociar ni politizar la aplicación de la ley, advirtió el también vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia".
"Confiamos en lograr el amparo colectivo, porque protegerá a todos ante esas medidas. Es una noble figura que se usa ante acciones difusas. Debemos aprender a aplicar los instrumentos legales de reciente aprobación (2013) en beneficio social y no como una canonjía", concluyó.