Dichos jóvenes obtuvieron los beneficios del “Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA), emitido por el presidente Barack Obama en 2012.
En documentos interpuestos esta semana ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito, en San Francisco California, el subprocurador de Arizona, Dominic Draye, aseguró que Obama actuó en forma ilegal al crear por orden ejecutiva dicho programa.
Draye señaló que no existe nada en la ley federal que autorice colocar a toda una categoría de personas bajo el DACA, que en Arizona ha beneficiado a 24 mil jóvenes indocumentados.
“Ellos son el producto de una acción política discrecional que el presidente no tenía autoridad para hacer”, escribió Draye.
En su escrito a la Corte, el subprocurador de Arizona explicó que los beneficiados bajo DACA son distintos a aquellos individuos a los que se les concede “acción diferida” para protegerlos de la deportación bajo varios programas federales.
Por ejemplo, anotó, “la Ley Federal de Inmigración y Naturalización (INA) tiene una sección destinada a proteger a las mujeres contra la violencia doméstica”.
Draye reconoció que “Arizona ofrece licencias a los hijos de estas mujeres, porque el INA prevé expresamente la acción diferida para esta categoría de los no ciudadanos”.
Lo mismo ocurre, dijo, para las personas que tienen permiso de residencia por razones de emergencia. Sin embargo, insistió Draye, la ley federal no autoriza que categorías enteras de personas sean colocadas en acción diferida, como lo hace DACA.
Arizona busca ante la Corte de Apelaciones hacer válida esta distinción para revocar una orden judicial permanente emitida en enero pasado por el juez federal David Campbell, que obliga a Arizona a emitir licencias de los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”.
Al emitir la orden, el juez Campbell señaló que Arizona ha otorgado históricamente licencias de conducir a miles de otros residentes indocumentados a los que se les ha concedido acción diferida o permiso administrativo similar para quedarse.
Eso, dijo el juez, hace que el negarles a los destinatarios de DACA las licencias de conducir sea una violación de la cláusula de igual protección de la Constitución de Estados Unidos.
“La Corte no está diciendo que la Constitución exige que el estado de Arizona otorgue licencias de conducir a todos los no ciudadanos”, escribió Campbell.
“Pero si el estado decide otorgar licencias a algunos individuos que han sido autorizados a permanecer temporalmente por el gobierno federal, no puede negarles a las personas en situación similar, sin una base racional para la distinción”, indicó.
Draye y otros abogados de Arizona esperan poder convencer a la Corte Federal de Apelaciones que existe una diferencia entre los destinatarios de DACA y las de otros programas de acción diferida otorgados por el gobierno federal.
Las batallas legales en Arizona sobre las licencias de conducir para los jóvenes indocumentados se iniciaron en 2012, cuando la entonces gobernadora Jan Brewer emitió una orden ejecutiva para prohibir a los funcionarios estatales emitir licencias para los “dreamers”.
Brewer argumentó al emitir su orden que la ley de Arizona reserva las licencias de conducir sólo para aquellas personas cuya presencia en este país está “autorizado por la ley federal”.
La entonces gobernadora aseguró que la ley estatal no era relegada por la decisión administrativa del presidente para permitir a los dreamers permanecer y trabajar temporalmente en el país.