En un reporte presentado la semana pasada en Indonesia, por el Grupo Ministerial de países en desarrollo G24, y que lleva por título “Fintech para una inclusión financiera, un marco para la transformación digital y financiera”, se destaca que México es un buen ejemplo de regulación específica que debe ser tomado en cuenta por otros países. La regulación secundaria de la Ley Fintech (publicada en el Diario Oficial el 10 de septiembre) cuenta con un balance que protege a los consumidores, tanto en el terreno de la supervisión, como en los requisitos de autorización para otorgar servicios financieros”, indica el documento.
En la clasificación internacional, México aparece en el segundo lugar en América Latina, superado por Brasil, con alrededor de 300 emprendimientos Fintech, con un nivel diverso de desarrollo para cada negocio. Es por ello que las autoridades regulatorias mexicanas han puesto especial énfasis en establecer disposiciones legales para generar un crecimiento ordenado en estos servicios encaminados a la inclusión financiera, tanto en la Ley promulgada el 9 de marzo del 2018, así como en la regulación secundaria publicada el mes pasado.
Las figuras consideradas por la regulación gubernamental son actualmente: instituciones de financiamiento colectivo, instituciones de fondos de pago electrónico, operación con activos virtuales, interfaces de programación de aplicaciones y Sandbox regulatorio (autorización para que entidades reguladas y no reguladas prueben modelos novedosos).
Conforme a lineamientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la regulación mexicana está basada en 6 principios: acercar los servicios financieros a sectores que tradicionalmente no son atendidos por el sistema financiero; mayor diversidad y nuevos canales de distribución de servicios financieros; establecimiento de mecanismos de conciliación y arbitraje para la resolución de controversias; evitar la preferencia por alguna tecnología en particular; mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (estableciendo estándares mínimos de identificación del cliente); y dictar un marco general de autorización de operación (marco legal prudencial).
Para el tema de ayuda a resolver quejas de los usuarios, la Ley Fintech remite a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, otorgándole las mismas facultades en materia de transparencia, conciliación y arbitraje.
Las disposiciones publicadas el pasado 10 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, incluyen diversas obligaciones para las empresas Fintech, entre ellas los requisitos adicionales para la solicitud de autorización, requerimientos de capital mínimo, continuidad operativa, límite de financiamiento a la inversión, mandatos o comisiones de clientes, contabilidad e información financiera, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, programas de autocorrección y requisitos de solicitudes de información que formulen autoridades.