Al argumentar el punto de acuerdo, la senadora Claudia Edith Anaya Mota explicó que, para garantizar la transparencia, es necesario que sean públicas las nuevas contrataciones. También deben darse a conocer las negociaciones con los tenedores de bonos y del fideicomiso de bienes raíces (Fibrae), tras la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y el costo al erario que ésta representa.
El documento precisa que el gobierno debe informar sobre el costo público de la cancelación del NAIM, de los gastos ya realizados en su construcción, pago y penalizaciones por cancelación de contratos a empresas de bienes y servicios. Además, deben clarificarse transacciones y emisiones en los mercados financieros.