Asimismo, hizo varias recomendaciones al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como acelerar el servicio en la totalidad de las estaciones de la Línea 12, en condiciones de operatividad y seguridad, y que ejerza con eficiencia y eficacia los recursos para su rehabilitación.
La Comisión Especial que da Seguimiento de los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro aprobó este lunes su segundo informe de trabajo, con siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
En el documento, que contempla diversas recomendaciones, se sugirió a las procuradurías proceder al estudio de posibles ilícitos federales, “cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas”, en la construcción de esa línea de transporte.
Se sugiere al titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, “proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la PGR”, para que “en el ámbito de sus atribuciones proceda a la averiguación de posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas”.
El documento solicita a la encargada del despacho de la PGR, Arely Gómez González, a que una vez que reciba la documentación de la PGJDF, “proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes”
Plantea que, si es el caso, “consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes, a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades correspondientes de funcionarios públicos y empresas privadas”.
La comisión especial también pide al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que facilite y “acelere la puesta en servicio total de la Línea 12, bajo óptimas condiciones de operatividad y seguridad”.
También que garantice que “los recursos públicos (relacionados con la rehabilitación de la Línea 12 de Metro) se ejerzan con eficiencia, transparencia y en estricto apego a la normatividad”.
Plantea que el mandatario capitalino de prioridad “al análisis jurídico-administrativo-económico”, a fin de dar solución al “problema del servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12”.
Además, que suscriba convenios “con cada uno de los probables vecinos afectados en sus inmuebles”, para que, a cargo del gobierno del Distrito Federal, se cubra el costo de los peritajes y “se determine el origen de las afectaciones”, derivadas de la construcción de la Línea Dorada.
Finalmente, el segundo informe solicita al Jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, “información sobre la legal importación y precio de enterado a impuestos federales de trenes, durmientes, rieles e infraestructura”.
Asimismo, “de escaleras, red de comunicación y refacciones, todo ellos relacionados con la Línea 12”.
Al concluir la reunión de trabajo, el presidente de la comisión especial, Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), afirmó, en declaraciones a la prensa, que no se descarta convocar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno del Distrito Federal, incluyendo a su titular, Mancera Espinosa.