“Quienes recorren al día esta ruta son testigos de las incontables imprudencias y accidentes que constantemente se suscitan, teniendo mayor afluencia en poblados de Xochimilco y sobre Canal de Miramontes”.
Por ello, el panista realizó un exhortó al gobierno local, por medio de la Secretaría de Movilidad, para realizar los estudios técnicos necesarios y retirar de circulación de manera definitiva la totalidad de unidades de transporte público concesionado que integran dicha ruta.
En el punto de acuerdo del GPPAN, impulsado por el diputado Abadía, se plantea sustituirlos por unidades del Sistema M-1.
“Las autoridades no debemos hacer caso omiso a estos focos rojos de impunidad, nuestra obligación es velar por que se respeten los diversos ordenamientos jurídicos, y que este mensaje llegue a todos aquellos que se crean reyes del asfalto”.
Por lo anterior, dijo, es que vemos la necesidad de sancionar de forma ejemplar a estos “reyes de la vía urbana”, dejando en claro que no se está en contra del transporte público, de sus operadores o de los miles de fuentes de empleo que generen; por el contrario, debemos unirnos para generar un trasporte público digno y que no sea como actualmente lo es; una “ruleta rusa”.
Abadía retomó algunos accidentes, en los que están involucrados choferes de este transporte público, como el ocurrido en febrero, en el cual un autobús con número de concesión 0810117 atropelló a una persona que conducía una motocicleta.
"Lamentablemente este accidente terminó con la vida de un ser humano. Ejemplos sobran, ya que esta ruta en el transcurso del año pasado se ha visto envuelta en un varios accidentes; en enero una persona de 70 años falleció cuando fue envestida por la unidad 0810024".
En la Ley y en el Reglamento de Movilidad capitalinos, el procedimiento al que está sujeta una unidad concesionada que se vea envuelta en un accidente es la remoción de la misma, sin perjuicio de los demás preceptos jurídicos que se pudiesen o no violentar.
Lo que no se contempla es una sanción, más allá de lo anterior, ya que ambos cuerpos normativos indican que la sanción máxima de manera colectiva es la suspensión de la ruta en su totalidad por un máximo de 45 días.
Indicó que gracias a distintas acciones del gobierno, los accidentes han disminuido. Actualmente la Secretaría de Movilidad en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de Verificación Administrativa realiza operativos de supervisión y reordenamiento al trasporte público.
“Pero no basta, ya que de una u otra manera, las unidades de transporte público siguen viéndose envueltas en percances automotrices, en ocasiones teniendo como resultado daños patrimoniales o la pérdida de vidas humanas”.