Morales, quien inició la semana pasada su segunda gestión de gobierno hasta 2015, agradeció a Villegas por haber aceptado nuevamente la presidencia de YPFB, empresa estatal a la que calificó como "la más grande" de Bolivia.
El mandatario destacó que la nacionalización del sector de hidrocarburos promovida durante su primer mandato presidencial garantizó mayores ingresos para el país, pasando de 2 mil 456 millones de dólares en 2006 a 8 mil 533 millones en 2009.
Sostuvo que la estatal petrolera logró superar el problema de corrupción que le afectó durante 2009, por lo que, dijo, Villegas tiene "el camino limpio" para realizar mayores inversiones en la cadena de hidrocarburos.
También convocó a los expertos y profesionales bolivianos "que trabajan para las trasnacionales" a que "vuelvan al país para trabajar por su patria".
Por su parte, Villegas agradeció a Morales por ratificarlo en el cargo y sostuvo que los principales retos para la estatal son el incremento de la producción de gas, la consolidación de los actuales mercados externos y la apertura de nuevas plazas, además de la industrialización de los hidrocarburos.
Reiteró que las inversiones comprometidas por YPFB y por las petroleras privadas que operan en el país para este año ascienden a mil 48 millones de dólares, en tanto que se ha programado una inversión de más de 11 mil millones para el próximo quinquenio.
Villegas asumió la conducción de YPFB en enero de 2009, tras la destitución del entonces presidente de esa empresa, Santos Ramírez, quien está preso en una cárcel de La Paz desde hace casi un año, acusado de corrupción por el cobro de una comisión ilegal para adjudicar un contrato a una firma boliviano-argentina.
Por otra parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, anunció que también se ha instruido al fiscal general del Estado, Mario Uribe, cuya gestión debió concluir hoy, que continúe en ese cargo mientras el Congreso aprueba una ley para llenar las vacantes en el Poder Judicial, que atraviesa una crisis institucional.
La norma, propuesta por el gobierno de Morales, apunta a dar "sostenibilidad" al Poder Judicial, mientras se reglamenta la elección en las urnas de los nuevos magistrados como establece la nueva Constitución, lo cual puede demandar entre seis meses y un año de trabajo.