Al reconocer la necesidad de renovar el parque vehicular destinado a los servicios públicos –la mayoría registra una antigüedad de 27 años y contribuye al aumento de la contaminación– senadores y diputados federales advierten, a través de un dictamen aprobado, que “es vital demostrar a los ciudadanos cómo se ejerce un gasto congruente y su aplicación con total transparencia y rectitud en las adquisiciones de bienes y servicios”.
Bajo esta premisa, solicitan al jefe de gobierno de la Ciudad de México que “siga con la renovación de las unidades encargadas de los servicios públicos y vigile que no se cometa ningún abuso al erario público en la compra de estas”.
De igual forma, el Poder Legislativo pidió que, a través de la Contraloría General de la Ciudad de México, informe sobre el estado de la denuncia ciudadana interpuesta por Jesús Alberto Guerrero, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), en contra de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por el pago de sobreprecio en la adquisición de camiones recolectores de basura.
Dicha licitación fue adjudicada a la empresa Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V, que recibió en pago 434 millones 393,772 pesos por 154 camiones.
De acuerdo a ONRE, el gobierno de la Ciudad de México pagó un sobreprecio de entre 86 y 121 millones de peso, pues cada unidad fue vendida en dos millones 820,000 pesos, pero el precio en el mercado de cada vehículo de este tipo es hasta 790,000 pesos menor.
El presidente de esta organización destaca además que las empresas Automotive Trucks, Zapata Camiones y Detroit Diesel Allison de México denunciaron que el gobierno de la Ciudad de México incurrió en inconsistencias que les impidieron participar en la licitación señalada.