Asimismo, los legisladores de este órgano de trabajo acordaron hacer un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del país.
En el documento se señala que durante la promoción de la reforma energética el gobierno federal sostuvo que ésta generaría 500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones en 2025; no obstante, a partir del recorte de 62,000 millones de pesos en su presupuesto para este año, se han realizado múltiples despidos en los últimos meses.
Senadores y diputados manifestaron su preocupación y señalaron que tan sólo el 15 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores sindicalizados, que se suman a los más de 10,000 trabajadores contratados por outsourcing, los cuales dejaron de laborar desde el 1 enero de este año.
Aunado a ello, informaron se espera que otros 60,000 trabajadores sindicalizados sean despedidos en los próximos meses. Actualmente, el número de personal sindicalizado y de confianza ha descendido de manera considerable, apuntaron.
Precisaron que la Tercera Comisión es consciente de lo que implica la reducción en los ingresos de Pemex, pero considera de vital importancia que todas las decisiones que se tomen en esa empresa tengan el menor impacto en términos de despido de trabajadores, y en su caso, éstos se realicen respetando los derechos laborales de los empleados.
Recordaron que esta empresa productiva del Estado cuenta actualmente con aproximadamente 150,000 trabajadores, de los cuales 100,000 son sindicalizados y casi 50,000 de confianza o eventuales.
Informe sobre posibles anomalías entre funcionarios del Estado de México y la empresa OHL
Por otra parte, los legisladores avalaron solicitar al Poder Judicial del Estado de México, a través de su Consejo de la Judicatura, un informe sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la probable comisión de irregularidades, por parte de jueces o magistrados adscritos a ese Poder en relación a los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL.
Lo anterior, debido a que se dieron a conocer grabaciones telefónicas, entre directivos de OHL y funcionarios del Estado de México, para incrementar los precios de peaje en el Viaducto Bicentenario de dicha entidad; así como una grabación en la que se deduce la posible entrega de dinero a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para agilizar y resolver favorablemente el trámite de juicios que lleva la empresa española.
El documento avalado por los legisladores señala que México actualmente vive un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades gubernamentales, derivado de la mala actuación de las mismas y la corrupción que se ha hecho presente en todos los niveles de gobierno.
Por ello, es conveniente solicitar información para estar en posibilidades de saber con precisión si dichas investigaciones no se están llevando a cabo aún, puntualiza.