Los puertos de Al Zauatina, Al Sidra, Ras Lanuf y Brega, en el centro-este, llevan bloqueados desde hace semanas por los guardias que se encargan de su vigilancia, miembros de una antigua milicia que luchó en 2011 contra las fuerzas del coronel Muamar al Gadafi.
Sólo desde estos cuatro puntos se exporta la mitad de los 1,600,000 barriles de crudo diarios que produce el país.
"La producción de Libia en estos momentos es de 640,000 barriles diarios. Pienso que esta pérdida afectará a los ingresos, que ya se han reducido un 20 por ciento, en no menos de 90 millones de dólares diarios en el mes de julio", dijo a Efe el viceministro de Petróleo y Gas, Omar al Shakmali.
Desde principios de año Libia arrastra este problema, que como ya reconoció recientemente el ministro de Petróleo y Gas, Abdel Bari Al Arusi, ha provocado "la pérdida de numerosos clientes y contratos" que se han lanzado a la búsqueda de otros proveedores.
Estas pérdidas comprometen los planes de desarrollo y reconstrucción de Libia, cuya estabilidad a medio y largo plazo, según muchos observadores, está vinculada directamente a los pingües ingresos conseguidos gracias a la venta de los hidrocarburos.
Esta última ola de protestas, que comenzó a finales de julio como una reivindicación laboral, ha acabado tomando una dimensión política.
A la cabeza de los manifestantes se ha situado el director del cuerpo de vigilancia de las instalaciones petroleras, Ibrahim Yidran, que fue designado recientemente por el movimiento federalista Jóvenes de Barka (nombre árabe de la histórica región oriental de la Cirenaica), como presidente de la oficina política del estado federal de Barka.
Este movimiento pide la creación de una Libia federal, dividida en tres regiones, Barka, en el este, Tripoli, en el oeste, y Fazan, en el suroeste.
Los manifestantes han llegado a amenazar con negociar por su cuenta la venta del petróleo a través de las instalaciones que controlan.
Una actitud que ha soliviantado a las impotentes autoridades, que el pasado 18 de agosto amenazaron con bombardear por tierra y aire a cualquier barco que se aproxime a alguno de estos puertos y que no cuente con autorización de la Compañía Nacional de Petróleo (CNP).
"Cualquier embarcación que se acerque a estos puertos y que no esté autorizada será bombardeada por aire o por mar", aseguró la semana pasada el primer ministro, Ali Zidán, en una rueda de prensa en la que compareció arropado por los ministros de Defensa, Exteriores y Petróleo.
Sin embargo, estas amenazas no parecen haber arredrado a los protagonistas de las protestas, que continúan firmes en su decisión de no permitir que se retome el bombeo del oro negro.
El Ejército anunció la semana pasada que ya ha expulsado de las aguas libias un barco cisterna con bandera de Liberia que se dirigía hacia estos puertos para comprar crudo.
Junto a las advertencias, las autoridades, conscientes de los riesgos de usar la fuerza en dichas instalaciones estratégicas, también intentan poner fin a la situación por la vía diplomática.
El portavoz del Congreso Nacional (Parlamento), Omar Hamidan, anunció la creación de una delegación para intentar encontrar una solución a esta continua caída de la producción que amenaza al presupuesto nacional.
Según dijo a Efe Al Shakmali "se están llevando a cabo contactos entre la Comisión de Energía del Congreso Nacional y el gobierno y las organizaciones sociales, los jeques y notables tribales y las instituciones locales. Y hay una respuesta positiva para evitar más pérdidas".
De hecho, el jueves, la Compañía Nacional de Petróleo anunciaba la apertura parcial del puerto de Brega, en el centro norte del país.
Según Zidán, el estado de "tensión" en Libia es debido a la proliferación incontrolada de armas entre los ciudadanos, como consecuencia del levantamiento armado que estalló en 2011 contra las fuerzas del coronel Muamar el Gadafi.
Una situación de inestabilidad que empujó ayer al primer ministro a proponer un amplio diálogo nacional con cabida para todos los sectores de la sociedad en busca de nuevas ideas con las que superar la crisis política, económica y de seguridad.