Uno de los puntos principales de la iniciativa es que aquellos europeos que vivan en un país determinado, pero que trabajen en otro, no tengan que registrar su vehículo en este segundo Estado miembro, una cuestión que a día de hoy no estaba claramente definida.
Según la nueva legislación, la matriculación se mantendrá donde esté la residencia permanente.
Como excepción, los estudiantes que se hayan desplazado a otro país para su formación estarán exentos de cambiar la matriculación de sus vehículos.
Otro de los pilares de la propuesta es simplificar "drásticamente" los trámites necesarios para volver a registrar los vehículos en otro país, que será obligatorio en el caso de que la persona traslade su lugar de residencia de manera permanente, en palabras del vicepresidente de la CE Antonio Tajani.
Los conductores tendrán seis meses desde la mudanza para re-matricular el coche en el nuevo país y los Veintisiete podrán rechazar la matriculación de un coche si detectan que es robado.
Voces críticas señalan que existen muchos casos que resultan ambiguos, como aquellos en los que los profesionales que se mudan a otros países por un periodo determinado pero con la intención de volver a su país de origen tras ese tiempo.
Fuentes comunitarias señalaron que en estos caso de contratos definidos, los conductores podrían mantener la matriculación de su país de origen, lo que no sería posible si el compromiso laboral es indefinido.
Otra de las cuestiones peliagudas es la de los seguros, que se encuentran ligados al lugar en que el vehículo está matriculado.
Al cambiar de país de residencia permanente y por tanto registrar de nuevo el vehículo, por lo general el conductor se ve obligado a contratar una nueva póliza de seguros con una aseguradora del nuevo país, una situación que los defensores del mercado único lamentan.
Las mismas fuentes comunitarias reconocieron que este problema no está cubierto por la propuesta legislativa puesta hoy encima de la mesa por la CE y que la armonización de este mercado en la UE no está completada aún, dando lugar a complicaciones.
La propuesta tampoco cubre la cuestión de los impuestos de matriculación y circulación de los vehículos, sobre la que la CE efectuará recomendaciones a lo largo de este año con el objetivo de aclarar las normas de la UE que los países deben cumplir y evitar problemas como la doble imposición.
La iniciativa debe ser debatida y aprobada en el Parlamento Europeo y en el Consejo antes de entrar en vigor, proceso que llevará al menos un año, tras lo que los países contarán con otros 12 meses para aplicar las nuevas normas, que no necesitarán ser traspuestas a las legislaciones nacionales y serán aplicadas directamente.
Cada año, los ciudadanos y las empresas de la UE deben desplazar unos 3.5 millones de vehículos a otro Estado miembro y deben matricularlos con arreglo a la legislación nacional, un proceso que tarda de media unas cinco semanas y cuesta 400 euros, según datos del Ejecutivo europeo.
La CE considera que saldrán beneficiadas por esta legislación las personas que pasen mucho tiempo de vacaciones en otros países, las que trabajen en el extranjero, las empresas de alquiler de automóviles (que podrán trasladarlos a otro país sin tener que volver a matricularlos), entre otras.