El documento que adiciona un párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa presentada por el diputado Edgar Romo García (PRI), el pasado 7 de noviembre.
Considera que si para el gobierno federal es importante el mejoramiento de las vías federales, también lo es que se remodelen y se adecuen las terminales dentro de ese plan de modernización implementado por el Poder Ejecutivo federal.
En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Transporte, diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), expresó que se trata de establecer que las terminales de pasajeros cuenten al menos con zonas de ascenso, de espera y de descenso, al igual que instalaciones sanitarias sin costo para los usuarios.
Relató que si bien el Reglamento de Transporte Federal y Servicios Auxiliares ya contempla en su artículo 42 D las características mínimas que deben de tener las terminales, “lo cierto es que (este requisito) carece de un sustento legal en la ley. Varias de las terminales no cumplen con ninguno de estos elementos”.
Como legisladores, dijo, nos corresponde que en la ley se tenga el término claro y específico para que se cumpla con este tipo de indicaciones, ya que hoy en día vemos en todo el país que muchas terminales no tienen lugar para ascenso y descenso de pasajeros, y “se escudan en que no está legislado y vemos en otras que cobran por tener acceso a los baños a las personas que menos tienen”.
“Haciendo esta modificación, definitivamente estaremos mejorando la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Una sencilla pero benéfica iniciativa que será ya una realidad”, abundó.
En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) se pronunció a favor del dictamen, ya que tiene una gran trascendencia para los usuarios de las terminales de autobuses, pues es una incongruencia que se agregue a los usuarios una carga adicional por la utilización de los sanitarios, ya que debería ser parte del servicio.
Refirió que se busca eliminar el desgaste a la economía familiar, a los ingresos, a los salarios, los cuales son afectados por el incremento en los servicios, y exhortó a que se atiendan los temas del doble remolque que cada año propician pérdidas de vidas muy lamentables.
Jesús Rafael Méndez Salas, diputado de NA, dijo que el dictamen plantea mejorar los servicios de autotransporte de pasajeros. “En la presente administración se han invertido más de 38,000 millones de pesos en la modernización de carreteras federales; sin embargo, es preciso que se renueven las terminales de pasajeros, pues en ocasiones no cuentan con las instalaciones adecuadas.
Detalló que la ley vigente no establece como requisito para la obtención de un permiso, para la prestación del servicio público federal de autotransporte de pasajeros, que las terminales de origen y destino para el ascenso, espera y descenso, sean adecuadas y cuenten con baños de uso gratuito.
Por MC, el diputado Jonadab Martínez García consideró que esta reforma amplía los derechos de accesibilidad universal que tienen todos los usuarios del transporte público, en este caso los pasajeros foráneos.
Subrayó que “el transporte público no solamente es trasladar a una persona de un sitio a otro, sino crear las condiciones de calidad, de comodidad y de precio en el ajuste de su tarifa de transporte en nuestro país. Eso es lo que debemos legislar, los beneficios y derechos que tienen los pasajeros de un transporte como éste”.
El diputado Samuel Rodríguez Torres (PVEM) relató que el medio de transporte más utilizado en México es el terrestre, el cual moviliza aproximadamente el 98 por ciento de los pasajeros, quienes a su vez representan el 75 por ciento del total de los servicios de traslado, tanto de personas como de mercancías.
Agregó que la importancia de los medios de transporte no se concentra únicamente en el número de viajes realizados para trasladar pasajeros o mercancías, sino que se trata de elementos que permiten el fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas y políticas del país. El dictamen, argumentó, busca involucrar a los particulares y autoridades del ramo para satisfacer las demandas de los consumidores y brindarles un servicio de calidad.
Concepción Villa González, diputada de Morena, señaló que las grandes centrales de transportes foráneos de pasajeros concesionaron el servicio sanitario, lo que genera un costo para el usuario. Aseguró que desde hace varios años se ha cuestionado el cobro del servicio. “Los argumentos que lo apoyan sostienen que el dueño del lugar solo está obligado a construir baños en instalaciones y no a encargarse del servicio”.
Indicó que exigir un pago para usar el baño, argumentando que es para el mantenimiento de limpieza, es pedirle que pague otra vez lo que ya cubrió en su consumo. “En Morena estamos convencidos de que el propietario o concesionario debe estar obligado a proporcionar el servicio gratuito y mantener limpio y en buenas condiciones”.
Del PRD, la diputada María Cristina Teresa García Bravo señaló que con este dictamen se refrenda el compromiso de establecer una política de movilidad que incluya aspectos sustantivos de calidad y seguridad para los usuarios. “El razonamiento de la Comisión es correcto, en la medida que asegura que aquello que se regula tenga una base legal y su imperativo provenga de un mandato de la ley”.
Puntualizó que dicho mandato podría ser más ambicioso que solo contar con baños públicos y debería proveer servicios de cuidado sanitario asociados a la preservación de la salud de pasajeros, animales de compañía y consumo de alimentos, de forma tal que las terminales de autotransporte federal cuenten con las instalaciones adecuadas para la preservación del bienestar del viajero.
El diputado Víctor Odín Castillo Ávila (PAN) mencionó que el dictamen atiende a un reclamo de la ciudadanía respecto a las condiciones que presentan algunas terminales de autotransporte, las cuales se encuentran en malas circunstancias al no contar con los espacios suficientes para el ascenso, descenso y espera de los viajeros, y otras donde los servicios sanitarios presentan serios problemas de higiene y de salubridad o, en su caso, se cobra por usarlos.
Agregó que, de acuerdo con cifras de 2006 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en el país se registraron un total de 905 terminales, de las cuales 596 son individuales y 309 a centrales camioneras que atienden de forma cotidiana un número importante de ciudadanos. “El servicio del transporte de pasajeros es elemental para los ciudadanos. Debemos legislar en pro de la seguridad, calidad, higiene y salubridad, a fin de generar certidumbre jurídica y satisfacción generalizada a todos los usuarios”.
Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, diputado del PRI, subrayó que invertir en infraestructura y seguridad en el transporte es garantizar la construcción de un mejor país para todos, y “es menester que los servicios vinculados con la movilidad sean también de calidad, ya que en los últimos años se ha incrementado significativamente la demanda de autotransporte por vía terrestre; moviliza al 98 por ciento de pasajeros y genera más de 3.5 millones de empleos directos e indirectos”.
Indicó que muchas terminales tienen espacios limitados para los usuarios, desde salas de espera con pocas comodidades hasta áreas de ascenso y descenso deficientes. Carecen de la seguridad requerida para garantizarles tranquilidad a los pasajeros y cobran por el acceso a los baños, causándoles un perjuicio económico a los viajeros. “Para hacer las cosas bien, no basta con prestar un servicio, ya que éste debe ser de calidad”, apuntó.
Por otra parte, en la sesión de este jueves, se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se informan cambios de integrantes en las juntas directivas y comisiones.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el próximo martes 27 de febrero, a las 11:00 horas.