En una rueda de prensa conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, reconoció que hay avances en el diálogo con el gobierno, donde han encontrado "receptividad" sobre sus propuestas para una mejor recaudación.
"Que hagamos más fácil el que el contribuyente cumpla, que sea perfectamente explicado, que siempre haya certeza, que tenga certidumbre el causante. Todos esos comentarios van también en pos de esa modernización de nuestros sistemas fiscales. Bastante alejados de la inquisición", comentó Salazar Lomelín.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no aumentar impuestos "en términos reales" y no crear gravámenes por ahora, lo que debe reflejarse en el paquete económico entregado el 8 de septiembre al Congreso, que consta del Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica.
Sin embargo, los empresarios han cuestionado propuestas fiscales del gobierno como el aumento del impuesto al ahorro, el límite a la la deducción de intereses, la Ley de Extinción de Dominio y las medidas para combatir la defraudación fiscal, en particular las que equiparan este crimen a "delincuencia organizada".
También han criticado el incremento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y alimentos chatarra, además de la aplicación de impuestos a plataformas en línea como Uber, Netflix y Airbnb, lo que senadores de oposición, incluso, han calificado de "terrorismo digital".
En el acto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó a los empresarios que las modificaciones no están diseñadas para ir contra agentes económicos con "actividades normales", sino para las "empresas fantasma" que lucran con facturas falsas y para los grandes evasores ilegales de impuestos.
El funcionario reafirmó que el presidente cumple con su promesa de no crear nuevos impuestos y de acabar con las condonaciones fiscales, por lo que atribuyó las discrepancias con el sector privado a la redacción de las iniciativas.
"En el fondo yo creo que estamos de acuerdo. La idea es, del lado de Hacienda, evitar la elusión, la evasión y sobre todo castigar la defraudación fiscal, pero hacerlo de una forma que no desincentive la inversión", aseveró Herrera.
Por otro lado, Carlos Romero Aranda, el procurador fiscal, negó que el Gobierno esté "descafeinando" sus propuestas para combatir la evasión de impuestos y conseguir una mayor recaudación al argumentar que la reforma "tiene todos los dientes necesarios".
"En ningún momento es que se esté cediendo o no a los empresarios. Los empresarios entienden perfectamente cuál es el problema. Los empresarios están de acuerdo en que atacar a los factureros es acabar con una competencia desleal que los empresarios están teniendo propiamente", opinó.
Por ahora, el paquete económico se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que debe aprobarla en el pleno el 20 de octubre, como máximo, para después enviarlo al Senado, donde el límite para avalarla es el 31 de octubre.