El ministro de gobierno, Carlos Romero, prometió al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana un decreto "que garantice la inaplicabilidad" del decreto del presidente Evo Morales que aumenta de 6 a 8 horas la jornada laboral de médicos y trabajadores de la salud, que dio lugar a la huelga de ambos colectivos.
Aceptaron la oferta las universidades, que en las últimas semanas se sumaron a las protestas contra el decreto, mientras médicos y trabajadores de la salud la analizan hoy por separado, dijeron a Efe dirigentes de esos sectores, José González y Bernardino Fuertes, respectivamente.
En paralelo, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dialogó el domingo durante doce horas con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para analizar las demandas salariales de esa organización sindical, la mayor del país y antigua aliada de Morales.
Según la agencia estatal ABI, Quintana afirmó que la reunión con la COB fue importante, y resaltó el acuerdo con las universidades sobre el conflicto en la salud, anunciado la medianoche del domingo pero que, según dijo a Efe el dirigente de la Central Jaime Solares todavía no hay nada definitivo.
La COB alega que está pendiente su petición de aumento salarial general superior al 8 por ciento decretado por Morales para este año, mientras que para Quintana ese asunto quedó "zanjado" el pasado día 1 con el decreto que ratifica ese porcentaje y aumenta el salario mínimo nacional un 22 por ciento.
Los sindicatos están reunidos hoy para analizar las ofertas del gobierno, y la negociación se reanudará en las próximas horas.
Entretanto, cientos de nativos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) continúan con dificultades su caminata de la Amazonía a La Paz, la segunda en menos de un año, contra una carretera en esa reserva promovida por Morales y financiada por Brasil.
El ministro de gobierno ha denunciado a la diputada opositora Marcela Revollo, del Movimiento sin Miedo, aliado de Morales hasta 2010, por supuesta "instigación pública a delinquir vinculada al delito de sedición", porque, según dijo, ha admitido que su partido está financiando la marcha indígena.
El MSM afirmó que Revollo hace "campaña humanitaria" para obtener dinero y enviar alimentos a los indígenas, que tienen dificultades para conseguirlos, pero negó que quiera desestabilizar al gobierno.
El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, denuncia que la oposición conspira para dar un golpe aprovechando los conflictos de las últimas semanas, acusación que rechazan dirigentes opositores que, a su vez, culpan al gobierno de no solucionar los problemas.
La senadora pro gubernamental Sandra Soriano dijo a Efe que las protestas son fomentadas y financiadas por la oposición.
El líder del grupo parlamentario del MAS, Roberto Rojas, ha declarado que las protestas son "un ensayo" de golpe y que las petardos de dinamita lanzados por manifestantes alrededor de la Presidencia en las últimas semanas "no son casuales".
El 47 por ciento de los bolivianos opina que el país va por mal camino, frente a un 22 por ciento que opina lo contrario, según una encuesta publicada por el diario Página Siete.