A nombre de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Participación Ciudadana, el diputado Eduardo Santillán Pérez, presentó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide esta ley, el cual fue emitido inicialmente por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
“En términos generales se establece una nueva visión que refuerza la concepción del trabajo comunitario como principal sanción para las infracciones de carácter administrativo. Se establece que por cada hora de trabajo comunitario se compute el equivalente a dos horas de arresto. Esto, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental, que pretende que las y los ciudadanos que cometen una infracción en la capital puedan establecer nuevos mecanismos de convivencia”, explicó el legislador de Morena.
Detalló que se establecen nuevas modalidades de trabajo comunitario, acudir a cursos, talleres y conferencias, o asistir a terapias en materia de convivencia familiar, cultura de la paz y reglamento de tránsito.
Como parte fundamental de esta nueva ley, el diputado Santillán destacó el establecimiento de las denominadas fotocívicas, en vez de las fotomultas instauradas por el gobierno anterior, “para que no sea la política en materia de tránsito una política que tienda a la recaudación a través de la imposición de multas, sino una cultura que fomente la seguridad de los peatones, de los ciclistas y de los automovilistas”.
Esta nueva legislación establece un esquema de sanciones que va de la amonestación al trabajo comunitario y crea un novedoso proceso de justicia en línea.
“Se establece un proceso ágil y expedito, que permitirá que el ciudadano pueda tener garantizado en todo momento el respeto al debido proceso y que al mismo tiempo se puedan utilizar los sistemas tecnológicos, tanto en la identificación de conductas que violen el Reglamento de Tránsito, pero también de métodos tecnológicos y en línea para llevar a cabo procedimientos de carácter jurisdiccional”.
Cuestionamientos y debate
El dictamen de la Ley de Cultura Cívica generó un debate de dos horas en el pleno.
Al exponer las razones de su voto particular, el diputado Federico Döring Casar (PAN) criticó que este dictamen se discuta después de la aprobación del Reglamento de Tránsito, “con el Congreso como un sastre legislativo”, que busca regular y llevar a ley el tema de las fotocívicas, que se publicó desde el pasado 19 de marzo, “y ya se difunde ampliamente con una campaña del gobierno capitalino pagada con recursos públicos”, dijo.
“En el dictamen, lo que se pretende hacer, jamás ha pasado en la historia del Congreso mexicano. Para quienes han sido diputados federales, por si quieren investigar, no ha habido una sola ocasión en la que el Congreso o la extinta Asamblea Legislativa hubiese manufacturado, en calidad de sastre legislativo, un decreto de ley ex post para regular una pifia de alguien que se atrevió a legislar en un reglamento de manera autónoma, sin que deviniera de algún ordenamiento jurídico”, afirmó.
Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) se manifestó en contra del concepto de fotos cívicas. “Recordarán cuando estuvieron en primaria que sus papás les sacaban fotos a cualquiera de ustedes, cuando tenían la bandera les sacaban una foto y esa es una fotocívica, van con la bandera. O desde el punto de vista cívico cuando están ustedes levantando la basura, barriendo la calle, esas son fotos cívicas. Pero cuando van a exceso de velocidad no son fotos cívicas. ¿O me van a decir ustedes que ya cambió el concepto de civismo o una foto cívica es cuando alguien infringe la ley? Deberíamos haber tenido otro concepto”.
Explicó que su fracción parlamentaria votó en contra del dictamen “por ser una traje a la medida desde el punto de vista legislativo”, que busca validar un reglamento que se hizo antes que la ley, “lo que es una barbaridad jurídica”.
Asimismo, sostuvo que “es anticonstitucional que las infracciones de tránsito se apliquen a los propietarios de los vehículos en vez de a los conductores que cometen la infracción”.
Gaviño Ambriz señaló que esta ley no elimina las multas económicas y sólo brinda nuevas opciones para pagarlas, con trabajo comunitario. Además, criticó que el Reglamento de Tránsito “está mal hecho” y es inconstitucional, aunque busque ampararse en dos leyes, la de Cultura Cívica y la de Movilidad.
A favor del dictamen, el diputado Eduardo Santillán explicó que el Reglamento de Tránsito no es reglamentario de la Ley de Cultura Cívica sino de la Ley de Movilidad, que permite que una infracción de tránsito sea identificada por un agente o por un aparato tecnológico, es decir, una cámara.
Aseguró que las fotomultas de tránsito eran “desproporcionadas e injustas”, mientras que las foto cívicas fomentan una convivencia pacífica al permitir el trabajo a favor de la comunidad.
El diputado Jorge Triana Tena (PAN) reconoció que las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Participación Ciudadana escucharon a la oposición e incorporaron sus propuestas, pero señalo que el problema de esta ley no está en su contenido sino en su forma, al expedir primero el Reglamento de Tránsito, con la creación de las fotocívicas y después promover las modificación a la Ley para que las sanciones fueran jurídicamente aplicables.
“El gobierno de la Ciudad de México, como ya ha sido su costumbre, y el gobierno federal también, porque llevan la misma línea, ha puesto la carreta por delante de los bueyes. Me refiero a que primero anunciaron con bombo y platillo la entrada en vigor de las mal llamadas foto cívicas, incluso invirtieron recursos públicos en propaganda gubernamental, enterraron las foto multas basados seguramente en alguna encuesta de opinión, y hasta después se pusieron a ver si eran procedentes o no legalmente y qué es lo que había que reformar”, agregó.
Por el contrario, el diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) se manifestó a favor del dictamen y señaló que “el producto legislativo que se está dictaminando pasó por una rigurosa revisión que atendió todas las observaciones de las y los legisladores que integran las comisiones unidas”.
Afirmó que el esquema de fotocívicas busca la mayor seguridad de los capitalinos, porque mejoran la convivencia ciudadana y no tienen un carácter recaudatorio. “Y sobre todo, terminan con el negocio que para unos cuantos representaban las foto multas”.
Al razonar su voto, el diputado Diego Garrido López señaló que se detectó un vacío legal en el dictamen, al aplicar las sanciones por infracciones de tránsito a los propietarios de vehículos y no a quienes las cometen. Especificó el caso de los propietarios de vehículos que dan servicio de taxi por aplicaciones móviles.
La diputada Teresa Ramos Arreola (PVEM) argumentó que la cultura cívica “es un elemento fundamental del Estado de Derecho, y que representa un avance significativo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital”.
Durante su presentación de una reserva al artículo 34, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje (PRI) lamentó que con esta ley se busque “enmendar la plana a un hecho que nació mal”, y reiteró que el problema no es si se aplican fotomultas o foto cívicas, sino a quién se imponen estas sanciones, que afirmó son anticonstitucionales por violentar los artículos 14 y 22 de la Carta Magna.
El pleno del Congreso aprobó por mayoría este dictamen y desechó en votación económica la propuesta de modificación presentada por el diputado Lerdo de Tejada.