Deuda pública y crecimiento económico, entre las principales inquietudes de diputados ante titular de SHCP

Deuda pública y crecimiento económico, entre las principales inquietudes de diputados ante titular de SHCP

En el análisis del Sexto Informe de Gobierno, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM externaron al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, sus inquietudes sobre el sistema financiero, creación de empleos, precios de gasolinas, crecimiento económico, deuda externa y publica, así como condonaciones fiscales.

En la segunda ronda de preguntas, el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, manifestó que el Informe de Gobierno no refleja la realidad económica de las familias mexicanas. “Se necesita no tener vergüenza para presentar un panorama alentador. Con qué cara dice a más de 53 millones de mexicanos en pobreza, y más de nueve millones en carencia extrema, que el gobierno deja finanzas fuertes y sanas”.

Señaló que la actual administración celebra el incremento en la base de contribuyentes; sin embargo, dicho aumento proviene de contribuyentes cautivos o que emigraron del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos). Al respecto, preguntó: ¿cuál es el número de personas físicas y morales consideradas grandes contribuyentes? ¿Cuál es el capital o el ingreso anual mínimo para ser incluido en ese grupo? y ¿Cuántos son nacionales y cuántas son extranjeras?

El secretario González Anaya explicó que los grandes contribuyentes son aquellos que tienen mayores ingresos, o sea, que facturan más de mil 650 millones de pesos anuales. Existen 8 mil 950 contribuyentes de este tipo, y en los últimos años la carga de los que más tienen ha aumentado.

Sobre las condonaciones, comentó que ascienden a 189,000 millones de pesos (mdp), de 2013 a la fecha, de los cuales 166,000 millones, es decir, más del 88 por ciento, corresponden al programa “Ponte al corriente”, avalado por el Congreso de la Unión. El resto, pertenece a empresas que han llegado a concurso mercantil, o sea, que no pueden pagar, aunque no se les exime en caso de que tengan recursos.

La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) aseguró que el gobierno saliente ha tenido el mayor presupuesto; sin embargo, incrementó la deuda pública, y resaltó “la fallida reforma fiscal recaudatoria que permitió ingresos históricos, pero no sabemos a dónde se fue el dinero, pues no se ve reflejado en la reducción de pobreza, mejores servicios de salud o más y mejores escuelas”.

Precisó que la deuda que dejan “creció en 40 por ciento en términos reales respecto a 2012, y equivale al 45 por ciento del PIB”. Al comienzo del sexenio, la deuda per cápita era de 49,000 pesos, ahora es de 87,000 pesos; no obstante, pidió saber cuánto se ha pagado de ese compromiso monetario y cuánto dejó de crecer el país por el mal gobierno.

El titular de la SHCP sostuvo que la Reforma Hacendaria permitió evitar situaciones complejas y de enormes magnitudes en las finanzas públicas, cuando los precios del petróleo sufrieron una caída del 70 por ciento; además, ha contribuido a disminuir la informalidad y elevar la carga a las empresas.

Respecto a la deuda pública, dijo que lo relevante es comparar su tamaño con el de la economía, ya que así es posible medir la capacidad de pago del gobierno. “Hay mejoría en todos los indicadores, algo que no ocurría hace mucho tiempo. La deuda, como porcentaje de la economía, ha bajado de 49 a 45 por ciento”. Agregó que se ha tenido un superávit primario en los últimos dos años, lo que ha permitido reducir la carga de la deuda.

Pedro Pablo Treviño Villarreal, diputado del PRI, comentó que en el 2013 el costo financiero de la deuda fue aproximadamente de 300,000 millones de pesos, y el presupuesto está aprobado para poder hacer pagos hasta de 650,000 millones de pesos; por ello, apuntó, es necesario saber por qué se ha incrementado el costo de la deuda, cuáles son los principales elementos que explican este aumento y si el costo financiero de la misma está fuera de control.

De la misma bancada, el diputado Enrique Ochoa Reza señaló que la deuda pública ahora representa cerca del 45 por ciento del PIB, la gran parte de ella es a largo plazo y a tasa fija, cuando hace algunas décadas representaba más del 100 por ciento del PIB y era mayoritariamente de corto plazo y a tasas variables. “Estos cambios en el monto de la deuda, en su tasa de interés y en su plazo son muy significativos para el bienestar de México y esto se refleja en un manejable costo financiero de la deuda”.

En respuesta, el secretario de Hacienda dijo que el costo financiero de la deuda “son los intereses que debemos pagar cada año” y ha aumentado porque se ha movido el tipo de cambio e incrementado las tasas de interés en México y en el mundo. Añadió que hay varias atenuantes que han permitido que este gasto se mantenga bajo control: que el 77 por ciento de la deuda está en pesos y el 81 por ciento de los valores gubernamentales está a tasa fija y un porcentaje grande son a largo plazo.

Indicó que la deuda del país está en una trayectoria sostenible y en un nivel razonable. En el tema del costo financiero, para México, es de 2.8 por ciento del PIB, mientras que para Brasil es de 6, la India de 5 y el promedio de Latinoamérica es de 4. “Este costo también está en niveles razonables y este manejo prudente nos ha permitido que la deuda mexicana hoy tenga las calificaciones más altas de la historia y en perspectivas estables”.

Por el PES, el diputado Miguel Acundo González comentó que para poder fortalecer de manera sólida las finanzas públicas de las entidades y municipios es necesario que reciban los recursos necesarios para financiar su desarrollo; también, incrementar las participaciones que reciben los gobiernos locales y asegurar que no se vean afectadas ante recesiones o crisis económicas. “En la propuesta de Presupuesto que se va a presentar, consideren beneficiar a los campesinos más pobres de este país”.

Recordó que el gobierno federal ha señalado que uno de los ejes sobre los que se planteó la reforma hacendaria fue la revisión del marco del federalismo para fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Sin embargo, dijo, parece ser que esa meta no se logró. “No se observan finanzas públicas más fuertes en los estados, mucho menos en los municipios”.

José Antonio González Anaya señaló que los recursos, a través de las aportaciones, sobre todo de educación y salud, se han aumentado de manera importante. “Se incrementaron en el 2012 de 501,000 millones a 662,000 millones de pesos”.

Indicó que en 2012 el Fondo General de Participaciones era de 494,000 millones de pesos; sin embargo, precisó, se está estimando que para este año cierre en 847,000 millones de pesos. Esto es un crecimiento muy importante de casi el 50 por ciento alrededor de las participaciones. Respecto a las peticiones presupuestales, aclaró que “esta administración no envía el presupuesto al Congreso de la Unión, lo hace la siguiente administración, pero compartimos las necesidades y las preocupaciones”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, resaltó que de la deuda externa se dicen muchas cifras, pero no que aumentó 44.20 por ciento en este sexenio, por lo que cuestionó cuál es la cifra exacta. Cuestionó que señalara como un éxito que se haya aumentado en 30 millones el número de contribuyentes, pero se les ha perdonado 6,982 mdp a personas morales. “¿Por qué no metieron a los 50 contribuyentes que concentran 500 millones dólares o más y, particularmente, a los 16 que concentran 143,000 millones de dólares?”.

Preguntó: ¿dónde están las 10,000 viviendas que dice el secretario de Desarrollo Social que se han construido para los damnificados?, ¿cuánto dinero ingresó de apoyo a los damnificados del sismo?, ¿cuánto fue nacional, del Fonden, y en qué lugares ha sido entregado?, “porque hasta hoy yo sé que no se ha entregado una sola vivienda”.

El titular de la SHCP señaló que en el tema de la reconstrucción se ha estimado un costo, con cargo al sector público, de 38,000 mdp; de los cuales, 30,000 mdp son a cargo del Fonden y 8,400 mdp de las aportaciones estatales. Mencionó que el sector asegurador estimó daños por 52,000 mdp, de los cuales casi 20 fueron a infraestructura pública y 32,000 a infraestructura privada. Precisó se entregaron poco más de 166,000 tarjetas con apoyos para reconstruir la vivienda con daños parciales y totales; de daño total fueron 120,000 mdp, y parcial, 15,000l mdp.

Sobre la deuda total del sector público, señaló que son 45 puntos del PIB, “esto equivale a 10.2 millones de millones de pesos, de los cuales 3.7 son deuda externa y 6.5, interna”. Este incremento está en una trayectoria de disminución como porcentaje del PIB; advirtió que va a existir un aumento en la deuda durante esta administración, la cual se explica por el tipo de cambio que se movió y eso afecta a la deuda externa, porque se reconocieron los pasivos de pensiones de Pemex y CFE y por inversión.

Detalló que las contribuciones que han hecho las empresas más grandes que se tienen catalogadas y que facturan más de 100 millones de pesos, contribuyen con más del 90 por ciento y este porcentaje ha aumentado del 87 al 91. Respecto a las condonaciones por 189,000 mdp, 166,000 mdp, la mayor parte corresponden al programa “Ponte al corriente”.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC) afirmó que el Ramo 23 es el más opaco que existe en esta administración y no hay reglas claras para su uso, por lo que cuestionó sobre la discrecionalidad que ejerce la Secretaría de Hacienda en el gasto público. “No podemos subestimar el uso político de los mismos”, ya que gran parte de los ingresos excedentes se gastan a través de fondos que integran dicho Ramo.

Inquirió qué ha hecho su dependencia sobre el requerimiento que realizó de manera urgente la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, el pasado 10 de septiembre, respecto al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en la cual solicitó la ampliación por un monto de 126 millones de pesos, con el fin de poder hacer frente a las erogaciones de los meses de octubre de 2018 a 2019.

El secretario de Hacienda dijo que sobre el requerimiento que hizo la Secretaría de Gobernación, estos recursos se atienden directamente a través de un fideicomiso, el cual tiene suficiencia presupuestaria y, a través de las reglas que se han puesto, se van a ejercer estos recursos, por lo que afirmó que sí existen los fondos disponibles para atenderlo.

Respecto al Ramo 23, señaló que tiene reglas claras de cómo se maneja y entre sus propósitos está el subsidio a las tarifas eléctricas de uso doméstico y los recursos que se dedican al Fondo de Estabilización, “y esos se llevan la mayor parte de los recursos del Ramo”. Indicó que para las partes de los apoyos que existen alrededor de las entidades, tienen reglas que deben cumplir al cien por ciento con la emisión de los lineamientos para los recursos, aprobados por la Cámara y cada año la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control los fiscalizan.

Por el PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez preguntó si este es el sexenio que destruyó a la clase media mexicana, pues cifras indican que el 65 por ciento de las empresas no sobrevienen más cinco años a partir de su creación y los empleos de buena calidad se perdieron, principalmente los de más de ocho salarios mínimos y se remplazaron por otros de menor calidad. “Cada vez hay más personas que ganan menos y menos que gana más, y así se destruyó el ingreso típico de la clase media que se ubica entre los 50 y 25 mil pesos mensuales”.

Pidió conocer la opinión de la SHCP sobre la propuesta de campaña del Presidente electo de reducir en la franja fronteriza del norte el IVA e ISR, pues son 104,000 millones de pesos que se tendrán que descontar de los ingresos fiscales, más 46 mil de la condonación del pago de energía eléctrica en el sur; se habla de un boquete de casi 200,000 millones de pesos. Inquirió sobre la contradicción principal que se ha identificado entre los equipos de transición y si la declaración de recibir un país en bancarrota las exhibe.

Al responder, González Anaya subrayó que el empleo formal ha crecido 4 por ciento anual en toda la administración. Añadió que una persona que tiene un empleo formal y está asegurada en el Seguro Social, tiene acceso a una pensión, a la salud, posee un seguro de accidentes de trabajo y acceso a servicios que en muchos casos son fundamentales como son las guarderías.

Este incremento de 3.8 millones de trabajadores al Seguro Social, dijo, permite ver de manera alentadora que los salarios se recuperan de manera gradual. Además, hay una caída en la pobreza extrema de 9.8 por ciento a 7.6 por ciento; los índices de carencias de educación se han reducido de 19 a 17 por ciento y en salud, de 21 a 15 por ciento. “Sí ha habido avances, sí han sido importantes pero seguimos teniendo retos hacia adelante”.

El diputado del PVEM, Arturo Escobar y Vega, señaló que el sistema financiero esta sólido y tiene presencia; no obstante, tiene retos. “Hoy los grandes actores financieros de este país internacionales, reconocen los niveles de resultados que están dejando a nivel macroeconómico; estoy convencido de que se deje una buena plataforma para el gobierno entrante y continuar con los enormes retos que sí tenemos”.

Sostuvo que el rostro de un país que va en vías de ser una economía de avanzada, es su clase media y la cara en que esta se va estableciendo, creciendo y ampliando sus oportunidades es la forma en que se bancarice y tenga acceso al sistema financiero. “Felicito los niveles que está dejando al Sistema Financiero y la forma en que se ha bancarizado a las finanzas públicas, pero más importante es el acceso que los mexicanos tienen hoy a un sistema robusto y permite el acceso al crédito”.

El funcionario expresó que el sector financiero ha crecido y contribuido al financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura, de vivienda y créditos personales para todos los ciudadanos. El crédito ha crecido desde 2012 en todos los rubros: para las empresas aumentó en 57 por ciento; para la vivienda, en 29 por ciento; consumo, 25 por ciento, y las tasas de interés de los créditos han bajado: de los personales en 13 puntos, en consumo, 3, y para hipoteca en un punto.

Además, las familias con mejores condiciones de hipotecas han aumentado 27 veces. Los créditos refinanciados de hipotecas pasaron de 2,700 a 77,000. El ahorro interno aumentó de 58 a 66 por ciento del PIB. El índice de morosidad ha bajado del 2013, de 3.4 por ciento a 2.2 por ciento. La capitalización del sistema bancario se ha incrementado hasta 15.9. El ranking del sistema financiero del 2012 a la fecha pasó del número 63 al número 36, de acuerdo al Foro Económico Mundial, y del 40 al sexto, conforme al Banco Mundial.

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