La iniciativa fue elaborada por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y presentada ante el pleno del Congreso por su titular, la diputada Gabriela Salido Magos, quien resaltó que en un ejercicio de Parlamento Abierto, se organizaron diversos foros con ciudadanos interesados, especialistas en movilidad y empresarios de sistemas de vehículos sin anclaje, cuyas opiniones se incorporaron a esta iniciativa.
“El esquema de vehículos de transporte sin anclaje llegó a la capital a principios del año pasado, y desde entonces su esquema regulatorio ha sido temporal y muy básico. No obstante, conforme este tipo de sistemas han ido interactuando con las comunidades, se han generado múltiples problemas, desde el uso no adecuado del espacio público para estacionar los vehículos en lugares no aptos para este fin, hasta la seguridad de los usuarios y terceros, así como la contraprestación que pagan las empresas”, expresó la legisladora del Partido Acción Nacional.
Salido Magos comentó que esta iniciativa busca regular el uso de bicicletas y monopatines eléctricos en tres ejes principales: dar vida jurídica a estos sistemas de transporte sin anclaje; dotar de facultades a las alcaldías en esta materia; y poner una base mínima a la Secretaría de Movilidad para los reglamentos e instrumentos que genere, a fin de garantizar la convivencia pacífica en el espacio público.
“Se propone contemplar la definición del monopatín eléctrico, de tal forma que los usuarios de los mismos puedan ser incluidos en la pirámide de movilidad. También se pretende definir qué son los sistemas de transporte individual sin anclaje, con la finalidad de enunciar los elementos que lo componen y así dotar de certeza jurídica a la ciudadanía y a las empresas”, señaló la legisladora.
Asimismo, la propuesta señala los requisitos para las empresas que deseen brindar estos servicios y los requisitos que deberán cubrir para obtener estos permisos, incluidos el pago de derechos correspondientes, póliza de seguros de gastos médicos y daños contra terceros, y un programa de gestión integral de residuos, entre otros.
Se propone que estos vehículos sólo puedan circular en la red vial que determine la Secretaría de Movilidad, con excepción de vías de acceso controlado, carriles exclusivos para transporte público, aceras, camellones y lugares prohibidos por los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de las zonas en que operen.
En lo que respecta a las alcaldías, se busca que puedan ordenar y ejecutar las medidas administrativas “para garantizar el derecho constitucional al espacio público, pudiendo retirar los vehículos de transporte sin anclaje que impidan este derecho”, y lograr que las unidades se estacionen exclusivamente en los espacios permitidos, “ya que hasta ahora no se veía una consecuencia inmediata para abandonar y dejarlos en espacio público”.
La iniciativa establece un plazo de 120 días naturales para que Semovi adecúe las disposiciones, solicitando que se consideren derechos y obligaciones para usuarios de sistemas de transporte individual sin anclaje y se exija que las unidades incorporen componentes básicos de seguridad, como luces frontales, traseras, frenos, dispositivos de aviso sonoro y número de identificación o registro.
El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías y de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.