James Craig, portavoz de la empresa, explicó a Efe que todas las operaciones de Chevron en Argentina son realizadas por empresas filiales y que los demandantes "no tienen derecho a embargar activos de subsidiarias".
Dos tribunales ecuatorianos condenaron a la empresa matriz, Chevron Corporation, que según Craig no tiene activos en Argentina, a pagar 19,000 millones de dólares por daños ambientales.
Los abogados de los demandantes, que son habitantes de la Amazonía, intentan cobrarlos en el extranjero porque en Ecuador sus bienes ascienden a tan solo a unos 200 millones de dólares, según sus cálculos.
Craig dijo que a los querellantes no se les debería permitir "perturbar la explotación por parte de Argentina de sus importantes recursos energéticos".
Chevron es el cuarto mayor productor de petróleo de ese país, con un bombeo de 35,000 barriles por día en 2011, así como 6 millones de pies cúbicos de gas natural, según su página de internet.
Craig aclaró que ningún tribunal argentino ha informado a Chevron Corporation de la presentación de la querella por parte de los demandantes ecuatorianos, ni tampoco de una orden de embargo en su contra.
El abogado de los demandantes en Argentina, Enrique Bruchou, reveló hoy la emisión de la orden de embargo por parte de un juez de ese país por los 19,000 millones de dólares.
Afecta, explicó, a todas las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, a su participación en la firma Oleoductos del Valle (14 por ciento), al 40 por ciento de las ventas de petróleo de la compañía a las refinerías y al 40% de sus fondos depositados en bancos de Argentina.
Los abogados de los demandantes indicaron que el magistrado argentino decretó el embargo a pedido de la Justicia ecuatoriana bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares.
Chevron mantiene que la condena en Ecuador "es resultado de sobornos, fraude y es ilegítima", y que no es ejecutable "en ninguna corte que respete el estado de derecho", según Craig.
Chevron alega, entre otras cosas, que el juez de primera instancia no redactó su dictamen, sino que lo hicieron los propios letrados de los demandantes, algo que ellos niegan.
También les acusa de sobornar a un perito designado por la corte para hacer un informe independiente sobre el daño ambiental supuestamente ocasionado entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.
Además de a Argentina, los abogados de los demandantes han acudido a las cortes de Canadá y Brasil para intentar cobrar la indemnización, y pretenden buscar también embargos en Colombia y países de Asia, Oceanía y Europa, según han indicado.