"Confiamos en la legitimidad del memorando que firmamos con YPF en septiembre" y "no nos parece que la corte española tenga jurisdicción sobre el tema", señaló James Craig, portavoz de Chevron para América Latina, en alusión a la demanda presentada el lunes por la petrolera española Repsol contra Chevron por sus acuerdos con YPF.
Repsol había anunciado su intención de demandar a cualquier petrolera que cerrara acuerdos con YPF después de que Argentina expropiara, el pasado abril, el 51 por ciento de las acciones del grupo español en la compañía argentina sin compensación alguna.
"Teníamos esperanza en evitar un proceso judicial" con Repsol, agregó Craig, convencido de que "un litigio sería contraproducente para nosotros, para Repsol y para todos".
No obstante, insistió en que "Chevron tiene interés en explorar recursos no convencionales en Argentina junto a YPF", tal como señala el acuerdo firmado entre ambas partes el pasado septiembre para estudiar posibilidades de exploración en el yacimiento de Vaca Muerta.
El acuerdo con Chevron "apunta a explorar oportunidades de desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta (Neuquén), y a estudiar la potencialidad de aplicar la recuperación y mejora asistida en sus respectivos yacimientos, a través de nuevas y existentes tecnologías y componentes", informó entonces YPF.
Craig se refirió también al embargo de bienes decretado por un juez argentino por un juicio por 19,000 millones de dólares iniciado en Ecuador por daños ambientales.
El ejecutivo recordó que Chevron ha apelado la decisión del juez y ha pedido su recusación y afirmó que el proceso contra la compañía es "producto del fraude y de un proceso viciado" con "interferencia del gobierno ecuatoriano".
"Esperamos que la Justicia tome en cuenta el origen de este proceso, la naturaleza fraudulenta, y revierta esta situación", añadió Craig, que evitó concretar las pérdidas que ha registrado la compañía por el embargo de sus bienes en Argentina.
El directivo apuntó que la petrolera no tiene notificación de una nueva demanda similar en Colombia, tal como habían anunciado los demandantes, pero advirtió que "cualquier intento de congelar bienes de subsidiarias sería totalmente ilegítimo, inapropiado e improcedente".
Según Craig, el proceso responde a un "proyecto de extorsión para presionar a Chevron".
El pasado día 7, un juez argentino dictó el embargo de bienes de Chevron en el país, valorados en unos 2,000 millones de dólares, en virtud de un pedido de la justicia ecuatoriana bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, un acuerdo suscrito por Ecuador, Argentina y Colombia.
La meta de los demandantes, un grupo de abogados en representación de indígenas y colonos de la Amazonía, es cobrar fuera de Ecuador los 19,000 millones de dólares que dos tribunales de ese país ordenaron pagar a Chevron por daños al medioambiente.
La causa en Ecuador es por supuestos daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, compañía que fue adquirida posteriormente por Chevron.
La empresa es el cuarto mayor productor de petróleo de Argentina, con un bombeo de 35,000 barriles por día en 2011, así como seis millones de pies cúbicos de gas natural, según su página de internet.