Dijo que en esta administración no habrá constructoras favoritas del presidente, del titular de la SCT, ni de nadie. “No aceptaremos recomendaciones. La única que valdrá será la de mejor oferta en calidad, precio y cumplimiento y la que mejor responda a las necesidades y los intereses de la nación”, expresó.
Jiménez Espriú compareció ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el senador Higinio Martínez Miranda. En su intervención inicial dijo que el funcionario, proveedor o empresa que se salga del estricto apego a las normas, deberá asumir las consecuencias legales de su proceder.
Agregó: “En cuestiones de desapego a la ética no habrá excusas ni atenuantes. Combatiremos la corrupción sin descanso, en su concepción más amplia y sin descanso. Sin simulaciones ni interpretaciones cómodas. Sin contemplaciones ni tolerancia alguna, acabaremos con esa lacra que va desde la traición a la ética profesional individual y el conflicto de intereses hasta la coima que se cuantifica en pesos y centavos”.
El funcionario federal hizo un recuento de los proyectos prioritarios que se llevarán a cabo en este sexenio. Aquí, destacó la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.
Además, dio cuenta del proyecto para establecer el Sistema Aeroportuario del Valle de México, que incluye la modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la incorporación del Aeropuerto Internacional de Toluca y la construcción de un Aeropuerto Internacional en la Base Aérea de Santa Lucía, cuya primera etapa se estima operará en tres años y que permitirá la atención de más de 70 millones de pasajeros al año.
En paralelo, refirió, se lleva a cabo lo conducente para el finiquito de los trabajos por la cancelación de las obras en Texcoco, que marcha sin contratiempos.
Dijo que también se analizan la situación de las obras ejecutadas en la administración anterior, que están en proceso de auditorías técnicas y contables. La mitad de las observaciones que analiza la Secretaría de la Función Pública sobre el ejercicio del 2018, advirtió, corresponden al sector de comunicaciones y transportes.
En la ronda de preguntas y respuestas, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Higinio Martínez Miranda manifestó que fue equivocada la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco.
Se quitó la posibilidad de generar 300,000 millones de pesos en esa zona. A su cierre ya no hay ninguna perspectiva de desarrollo económico. “Lo digo porque me preocupa que este gobierno en verdad salga adelante en todos sus proyectos”.
El senador negó que haya un daño ecológico y ambiental “tremendo” por la obra. “Difiero y rechazo la idea que se iba a desecar el Lago Nabor Carrillo. Consideramos que el proyecto debía seguir ahí”.
El senador Santana Armando Guadiana Tijerina recordó que en el sexenio de Ernesto Zedillo se compraron miles de hectáreas en Tizayuca, Hidalgo, para construir ahí el nuevo aeropuerto. No obstante, en administraciones posteriores se decidió hacerlo en Texcoco. “Nos movemos al vaivén político de los presidentes de la República, y en eso, es donde no estamos de acuerdo”, expresó.
El legislador de Morena reconoció que hubo demasiada corrupción en los contratos que se otorgaron para la construcción de la terminal aérea en Texcoco pero, dijo, preocupa que no sea un cuerpo colegiado de ingeniería quien decida la manera en que debe construirse el nuevo aeropuerto.
Por el PAN, el senador Juan Antonio Martín del Campo precisó que la Corte de Distrito del Sur, en California, presentó cargos contra Héctor Mora Gómez, actual director general de Administración Portuaria Integral de Manzanillo, por presunto lavado de dinero y tráfico de drogas. La Dirección General de Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, lo identificó como narcotraficante.
También ha sido investigado por sus nexos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación y cuenta con denuncias ante la PGR por desviar recursos públicos, destacó.
Por otro lado, preguntó sobre el estado del proceso de venta del avión presidencial. ¿Quiénes son los posibles compradores? ¿Cuánto tiempo se seguirá pagando el arrendamiento del hangar donde se encuentra? ¿Qué se tiene programado hacer con ese recurso una vez que se venda?
En su oportunidad, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, señaló que la “consulta a modo” para cancelar el Aeropuerto de Texcoco no fue legalmente sólida. Respecto de la planeación del Aeropuerto en Santa Lucía, indicó que el tráfico aéreo puede poner en peligro a muchos usuarios internacionales por el cruce de las rutas.
Argumentó que las suposiciones del nuevo proyecto estuvieron basadas en información provista por Grupo Riobóo. “Todos sabemos que tiene interés particular en la construcción de Santa Lucía y además de ser un asesor directo del Presidente”.
¿Hasta cuándo la administración actual podrá garantizar un estudio neutro e imparcial que no sea realizado por la Agencia Internacional NavBlue? ¿Qué estudios realizó esta agencia que garantice la eficacia e imparcialidad de los estudios? ¿Con cuántas aerolíneas internacionales se ha llegado a un acuerdo para que operen en Santa Lucía?, preguntó el senador.
Por su parte, el senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué dijo que no tiene información sobre los estudios de impacto ambiental del Tren Maya. “Nos entusiasma que se esté volteando a ver al Sur-Sureste como nunca se había volteado a ver, para cerrar la brecha de desigualdad”, pero necesitamos la investigación.
También solicitó información sobre el estatus y planes que tiene la SCT para reactivar la carretera de Mitla-Tehuantepec.
El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Quiñonez Ruiz expresó que la decisión de que Santa Lucía sustituya al Aeropuerto de Texcoco no es la más adecuada. Necesitamos tener la información completa, sobre todo pensando que la inversión en Texcoco es de 200,000 millones de pesos, más la inversión que se tendría qué hacer para adecuar uno nuevo en otra zona.
Destacó que todos los representantes de los colegios de aviadores, tránsito aéreo, aeronáutica, mantengan el riesgo de la saturación. Además la Auditoría Superior de la Federación reveló que la Sedena no tuvo la capacidad operativa, ni técnica, de construir la barda perimetral de lo que sería el Aeropuerto de Texcoco. “No creo que en dos años ya tenga la capacidad suficiente para construir las pistas de aterrizaje o un aeropuerto”.
En sus respuestas, el secretario de Comunicaciones y Transportes asentó que se tomó la mejor decisión para el país al cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, pues “era verdaderamente un elefante blanco”.
Lo importante, asentó Jiménez Espriú, “no es lo que se va a perder ahí, sino lo que se dejó de perder si hubiéramos continuado y lo que hubiera tenido que gastar el país en el futuro con esa obra de mantenimiento enorme”.
Agregó que la construcción inició en 2014, para inaugurarse en 2018 con una capacidad de 42 millones de pasajeros y un costo fijo 168.8 mil millones de pesos, en aquel momento, 13.3 mil millones de dólares. Pero, advirtió, se le realizaron “una enorme cantidad de cambios al proyecto original que trastocaron los costos y el plazo de construcción de la primera fase del proyecto, así como las fuentes de financiamiento planteadas”.
Al término de la administración anterior no se sabía cuánto iba a costar ni cuándo se podría terminar. Lo más probable, asentó, es que su costo hubiera aumentado en 200 o 300 mil millones de pesos más de lo que se había establecido y su conclusión se estimaba después de 2024.
Entre las múltiples irregularidades de carácter técnico, añadió, fue la modificación de la orientación de las pistas para evitar el problema de Atenco, que automáticamente cancelaba la posibilidad de utilizar el Aeropuerto de la Ciudad de México y la Base Aérea de Santa Lucia.
Señaló que el proyecto no incluyó vialidades para llegar a esta terminal área. Tampoco se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ni apareció en el Programa de Infraestructura 2014-2018, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Además, advirtió, no se mencionó el impacto socioambiental y el daño ecológico irreversible por la destrucción de cerros para la extracción de material pétreo, de flora y fauna, de arroyos y desvió de manantiales por uso de explosivos, de zonas de recarga de acuíferos, entre otros.