El fiscal general del estado, el demócrata Xavier Becerra, explicó en una rueda de prensa que, entre otras cosas, esta clasificación comporta que si un conductor de Uber enferma de COVID-19, deja de poder trabajar y pierde por tanto todos sus ingresos, sin tener derecho a baja de enfermedad ni ayuda de ningún tipo.
"A veces, se necesita una pandemia para que nos demos cuenta de lo que cosas como ésta verdaderamente significan y quién sufre las consecuencias", apuntó Becerra, quien presentó la demanda conjuntamente con los Ayuntamientos de Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
Desde el pasado 1 de enero, es obligatorio por ley en California que las empresas de la llamada economía colaborativa como Uber, Lyft o la firma de entregas DoorDash contraten formalmente a quienes ofrecen servicios a través suyo, en lugar de asignarles la condición de contratistas independientes.
La ley ha encarado el rechazo frontal de estas compañías, puesto que tener contratistas en lugar de empleados les permite no tener que pagarles un salario fijo ni ofrecerles los beneficios que sí les corresponderían si fuesen trabajadores con contrato, como seguro médico y días de vacaciones o de enfermedad.
Uber, Lyft y DoorDash anunciaron a finales del año pasado que dedicarían hasta 90 millones de dólares entre las tres para promover que la decisión final sobre esta ley recaiga en los votantes californianos mediante un referéndum en noviembre, coincidiendo con la elección presidencial en Estados Unidos.
Se calcula que alrededor de un millón de personas trabajan como contratistas independientes en el sector de la economía colaborativa en California, el estado más poblado de Estados Unidos y donde tienen su sede Uber, Lyft y otras compañías de este tipo.