"Mientras este caso no se resuelva, seguirá siendo una piedra en el zapato en nuestra relación con Argentina. Está claro que es algo que complica la relación", aseguró Jorgensen en un seminario sobre el tema de la expropiación de Repsol-YPF por parte del gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en abril pasado.
Al mismo tiempo, el funcionario reiteró el respaldo de la Unión Europea (UE) a la posición de Repsol, en el sentido de exigir una compensación por esa nacionalización, que consideran ilegal.
Otro de los asuntos que Bruselas exige a Buenos Aires es que cumpla con la legalidad internacional en el sentido de ofrecer garantías jurídicas a las inversiones extranjeras en el país austral, extremo que en la visión europea fue ignorado por Argentina.
Por otro lado, el vicesecretario general de Repsol, Miguel Klingenberg, pidió hoy a las instituciones de la UE y a los organismos multilaterales que el caso no quede el olvido.
"No nos olvidéis...no nos pongais al final de la lista", pidió el directivo a los responsables de la Comisión y el Parlamento Europeos, así como a los líderes de los 28 socios de la UE. El bloque ya ha mostrado su apoyo a la postura española.
Klingenberg no ahorró críticas al gobierno argentino, tras calificar la nacionalización de "confiscación". No obstante, reiteró que la empresa sigue abierta al diálogo con Buenos Aires.