Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción ingresaron en las oficinas de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y la empresa Soresco, encargada de desarrollar el proyecto.
Las autoridades decomisaron documentos relacionados con el proyecto de la refinería con el fin de investigar si existen irregularidades en su tramitación.
El portavoz de Recope, José Mario Guzmán, declaró a los periodistas que la entidad está colaborando con los agentes para facilitarles el trabajo.
El pasado 20 de junio, la Contraloría General de la República (CGR) de Costa Rica frenó el avance del proyecto de la refinería, al declarar inválido el estudio de viabilidad.
La Contraloría halló un incumplimiento del contrato entre RECOPE y la Corporación Nacional Petrolera de China Internacional (CNPCI), ya que la empresa china HQCEC, que realizó el estudio, tiene una relación con la petrolera china.
Tras esta decisión, el presidente de Recope, Jorge Rojas, renunció al puesto, y el ministro del Ambiente y Energía, René Castro, dio seis meses de plazo a la empresa costarricense para corregir el error.
El proyecto, uno de los más importantes entre China y Costa Rica desde el inicio de sus relaciones diplomáticas, en 2007, está valorado en al menos 1,300 millones de dólares y pretende ampliar la capacidad de refinamiento de los 25.000 barriles diarios actuales a 60,000 en la refinería de Moín, en el Caribe costarricense.
El 70 por ciento del costo del proyecto (unos 900 millones de dólares) los debe aportar el China Development Bank (CDB) con un crédito, y el restante 30 por ciento estará a cargo, en partes iguales, de Recope y la CNPCI.
Recope y la CNPCI constituyeron la empresa Soresco con el fin de que sea la que desarrolle el proyecto.
Sectores ambientalistas, académicos y de la oposición política se oponen a la refinería, por considerar que contaminará el ambiente sin que los usuarios obtengan una baja en los precios de los combustibles.