El interés de los Consejos de las empresas en actividades de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) está siendo desplazado por otras prioridades, de acuerdo a la Encuesta Global de Prevención de Lavado de Dinero 2011 de KPMG, red global de firmas multidisciplinarias que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.
La encuesta reveló una caída del 9 por ciento en el interés de los Consejos respecto de si la PLD es un tema prioritario (de 71 por ciento en 2007 al 62 por ciento en 2011).
Judith Galván, Socia de la Práctica Forensic especialista en Prevención de Lavado de Dinero de KPMG en México comentó: “Si bien es comprensible que los Consejos se han enfocado en mantener la continuidad del negocio y en la ola de cambios regulatorios, también deben asegurarse de que la PLD siga siendo un asunto prioritario, o en su caso, afrontar el riesgo de sanciones, inspecciones o casos extremos el cese de sus operaciones”.
Galván comentó: “En economías como la de México donde el fenómeno de lavado de dinero se manifiesta y donde también tenemos una gran participación de instituciones financieras globales, el tema de la prevención de lavado de dinero debe continuar siendo prioritario. Las regulaciones locales para el sistema financiero continúan evolucionando y se espera que cada vez el resto de los sectores que aún no están regulados en México (bienes de lujo, notarios, etc.) finalmente también participen en el proceso, así como las actividades procesales de las autoridades. Los principales retos a los que se enfrenta el sistema financiero son relativos a la economía informal y la subbancarización de la población en su conjunto.”
El estudio también reveló que los costos de operación de las actividades de PLD se habían incrementado en promedio 45 por ciento desde 2007, estimando un incremento adicional del 28 por ciento durante los siguientes tres años. No obstante, muchos profesionales en PLD históricamente han subestimado los costos futuros. En 2007, menos de una quinta parte (17 por ciento) estimó un incremento del 51 por ciento o más, en tanto que casi una tercera parte (31 por ciento) dijo que sus costos realmente se habían incrementado en esa cantidad al analizar en retrospectiva sobre un mismo periodo.
Judith Galván dijo: “En un entorno de efectivo restringido, es imperativo que los profesionales de PLD proyecten costos realistas para el Consejo de las empresas: no sólo debido a la importancia de los riesgos que se deben administrar, sino también para conservar su credibilidad ante los Consejos que generalmente no reciben con agrado las solicitudes adicionales de fondos”.
A pesar del incremento en este rubro, solamente 10 por ciento de los encuestados había tercerizado parte de sus funciones de PLD, mientras que el 80 por ciento nunca había considerado la terciarización como una alternativa. Los bancos podrían estar perdiendo oportunidades para ahorrar dinero en algunos de los aspectos de riesgo bajo de sus programas de la PLD.
Por primera ocasión, la encuesta también incluyó tópicos relacionados con “actividades contra el soborno y corrupción” las cuales inmediatamente se clasificaron como la tercer área con mayores gastos, lo cual indica el impacto que está generando el alcance extraterritorial y la alta expectativa regulatoria asociada con la nueva Ley Anti Sobornos del Reino Unido (U.K.
Bribery Act) y la Ley para Prevenir Prácticas de Corrupción en el Extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).
La encuesta reveló una caída del 9 por ciento en el interés de los Consejos respecto de si la PLD es un tema prioritario (de 71 por ciento en 2007 al 62 por ciento en 2011).
Judith Galván, Socia de la Práctica Forensic especialista en Prevención de Lavado de Dinero de KPMG en México comentó: “Si bien es comprensible que los Consejos se han enfocado en mantener la continuidad del negocio y en la ola de cambios regulatorios, también deben asegurarse de que la PLD siga siendo un asunto prioritario, o en su caso, afrontar el riesgo de sanciones, inspecciones o casos extremos el cese de sus operaciones”.
Galván comentó: “En economías como la de México donde el fenómeno de lavado de dinero se manifiesta y donde también tenemos una gran participación de instituciones financieras globales, el tema de la prevención de lavado de dinero debe continuar siendo prioritario. Las regulaciones locales para el sistema financiero continúan evolucionando y se espera que cada vez el resto de los sectores que aún no están regulados en México (bienes de lujo, notarios, etc.) finalmente también participen en el proceso, así como las actividades procesales de las autoridades. Los principales retos a los que se enfrenta el sistema financiero son relativos a la economía informal y la subbancarización de la población en su conjunto.”
El estudio también reveló que los costos de operación de las actividades de PLD se habían incrementado en promedio 45 por ciento desde 2007, estimando un incremento adicional del 28 por ciento durante los siguientes tres años. No obstante, muchos profesionales en PLD históricamente han subestimado los costos futuros. En 2007, menos de una quinta parte (17 por ciento) estimó un incremento del 51 por ciento o más, en tanto que casi una tercera parte (31 por ciento) dijo que sus costos realmente se habían incrementado en esa cantidad al analizar en retrospectiva sobre un mismo periodo.
Judith Galván dijo: “En un entorno de efectivo restringido, es imperativo que los profesionales de PLD proyecten costos realistas para el Consejo de las empresas: no sólo debido a la importancia de los riesgos que se deben administrar, sino también para conservar su credibilidad ante los Consejos que generalmente no reciben con agrado las solicitudes adicionales de fondos”.
A pesar del incremento en este rubro, solamente 10 por ciento de los encuestados había tercerizado parte de sus funciones de PLD, mientras que el 80 por ciento nunca había considerado la terciarización como una alternativa. Los bancos podrían estar perdiendo oportunidades para ahorrar dinero en algunos de los aspectos de riesgo bajo de sus programas de la PLD.
Por primera ocasión, la encuesta también incluyó tópicos relacionados con “actividades contra el soborno y corrupción” las cuales inmediatamente se clasificaron como la tercer área con mayores gastos, lo cual indica el impacto que está generando el alcance extraterritorial y la alta expectativa regulatoria asociada con la nueva Ley Anti Sobornos del Reino Unido (U.K.
Bribery Act) y la Ley para Prevenir Prácticas de Corrupción en el Extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).