"Nos parece justo que después de un tiempo determinado, 30 o 45 días, si al causante no se le ha devuelto su IVA (impuesto al valor agregado) pagado, se le empiecen a pagar intereses", dijo en rueda de prensa Carlos Salazar, presidente del CCE, organismo cúpula del sector privado en México.
En agosto pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que forma parte del CCE, señaló que el gobierno federal tiene retenidos 400,000 millones de pesos (20,243 millones de dólares) en saldos fiscales a favor del sector empresarial, lo que ha provocado que no haya inversión ni crecimiento económico.
Al respecto, Salazar declaró este miércoles que las más afectadas por esta situación son las micro y pequeñas empresas.
"Para estas empresas el capital de trabajo lo es todo. Si no cobran no tienen dinero para comprar su materia prima, pagar salarios y cumplir con sus contribuciones, mucho menos para invertir", argumentó.
Añadió que si una de las grandes cuentas por cobrar de estas compañías es con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), "lo menos que debemos proponer, en apoyo a estas empresas, es que se les empiece a pagar intereses".
Asimismo, dijo que muchas empresas se han quejado de que el gobierno tiene retrasos, a veces de varios meses, en el pago de servicios que le han brindado.
"Es el llorar de casi todos los empresarios que a nivel municipal, estatal y federal, en los diferentes productos y servicios que brindan al gobierno, están teniendo retrasos en los pagos", apuntó.
Por ello sostuvo que debiera otorgarse a las empresas, "sobre todo a las más pequeñas, un pago de intereses", y sugirió que la tasa sea la que aplican los bancos por los créditos que otorgan a las compañías que se ven obligadas a endeudarse para seguir operando.
"Si queremos reactivar la economía, y sabemos que las compañías pequeñas son las parte más importante, tenemos que protegerlas, y la mejor forma de hacerlo es pagarles a tiempo", expuso.
El líder empresarial fue más allá y afirmó que lo mismo debe aplicarse a los permisos de construcción, y planteó la necesidad de una legislación que obligue a las autoridades a resolver sobre la concesión de esos permisos en un tiempo razonable.
"El problema es que cuando el permiso se tarda, ya tienes el dinero, tal vez ya compraste los materiales, tienes contratado el proyecto, pero estás detenido. Eso representa ineficiencias totales para nuestra economía. Este es un problema que tenemos en todo el país", afirmó.
Por otro lado, Salazar dijo que el sector empresarial no espera cambios fiscales en el paquete económico que el Gobierno presentará al Congreso el 8 de septiembre.
"Hay que cumplir las promesas", añadió, refiriéndose al compromiso expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener la estructura fiscal intacta en los primeros tres años de su mandato, iniciado el 1 de diciembre de 2018.
El paquete económico está integrado por el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y los criterios generales de la política económica.
Por su parte, dijo Salazar, el sector empresarial debe comprometerse en el pago de sus impuestos, a dar a sus empleados salarios adecuados y a cuidar el medioambiente.
"Si tú cumples con esto, tendrás siempre la capacidad y la posibilidad de que puedas exigirle a la autoridad que cumpla con lo que tiene que cumplir", puntualizó.