En su Análisis Económico de México 2019, la OCDE indicó que el Estado de derecho y la calidad de las instituciones en México es bajo y se ha deteriorado, lastimando desproporcionadamente a los pobres.
"Los niveles de impunidad son extremadamente altos, el crimen violento sigue creciendo y el control de la corrupción es débil en comparación no solo con los países de la OCDE, sino también con economías latinoamericanas y asiáticas", señala el documento.
Añade que el costo del crimen es elevado y su incidencia varía enormemente entre regiones, ampliando las disparidades en bienestar, y advierte que "un firme compromiso de combatir el crimen y la extendida corrupción crearía un ambiente de negocios más propicio".
"Mejorar la calidad institucional comportaría los mayores beneficios para el crecimiento entre todas las reformas estructurales e incrementaría el impacto de todas las demás reformas políticas", sostiene.
Asimismo, la corrupción afecta el clima de negocios, la eficiencia del gasto gubernamental y la confianza en el sector público. Por ello, la implementación de los sistemas nacional y locales contra la corrupción debe ser completada, añade el documento.
La OCDE consideró que las reformas recientes para crear autoridades de competencia independientes y reguladores sectoriales han sido positivas.
"La autonomía de estas entidades debe ser mantenida y los niveles de sus recursos deben permitirles acometer sus mandatos de forma efectiva y continuar mejorando su capacidad", apuntó.
Por otro lado, apuntó que la persistente informalidad, calculada en 57.1 por ciento del total de la población ocupada, limita el crecimiento de la productividad y la capacidad fiscal para proporcionar servicios públicos.
"También alimenta la desigualdad en los ingresos y las oportunidades", expone el análisis.
Sostiene que la segmentación en la provisión de servicios sociales de acuerdo con el estatus laboral debe ser reducida progresivamente, al tiempo que los beneficios asociados con la formalización deben ser fortalecidos.
Enfatiza que si bien los servicios educativos se han expandido, los pobres resultados en este campo obstaculizan la productividad y contribuyen a la persistente desigualdad y la informalidad laboral.
De acuerdo con la OCDE, el gasto educativo debe ser reenfocado en la educación preescolar, primaria y secundaria, "y se debe hacer más para incrementar la capacidad de las escuelas en vecindarios pobres y para apoyar a los niños de entornos desfavorecidos".
Igualmente, afirma que incrementar la calidad de los cuidados a la infancia temprana y el acceso en regiones de baja cobertura y entre niños de entornos desfavorecidos sería una forma eficiente de mejorar los resultados educativos, "y en última instancia la productividad, a la vez que también reduciría la desigualdad".
"También aumentaría la participación de las mujeres en el mercado laboral, que es una de las más bajas en la OCDE. La infraestructura escolar y el material pedagógico podrían ser mejorados", dice el texto.
Por todo ello, la OCDE rebaja en su informe la perspectiva de crecimiento para México en 2019 hasta 1.6 por ciento, cuatro décimas porcentuales menos que el 2 por ciento previsto hasta ahora.
El análisis afirma que un moderado crecimiento económico, de 0.2 por ciento interanual en el primer trimestre del año, no ha mejorado los niveles de vida.
Esto refleja un bajo crecimiento de la productividad, a su vez influenciada por los magros resultados educativos, un débil Estado de derecho, obstáculos a la competencia y una informalidad generalizada.
En conferencia de prensa en Ciudad de México, el titular de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, sostuvo que "México necesita un crecimiento más fuerte y más incluyente".
Aunque admitió que existe "un complejo contexto de la economía mundial en la que el crecimiento del mundo entero está bajando".
El estudio que "muchas de las reformas recientes para abrir la economía aún no han dado frutos, ya que sus efectos requieren tiempo para materializarse, la implementación está apenas en marcha y la reforma institucional está rezagada".
"Pese a un mayor gasto social, la pobreza y las desigualdades siguen siendo grandes. Una mayor igualdad de oportunidades para las mujeres y los indígenas es necesaria para abordar las disparidades en bienestar", sentencia.