“Esta acción fue vista por México como una decisión que iba a tomar su interpretación fuera de la mesa de negociaciones”, declaró Guajardo en rueda de prensa en la clausura de la conferencia ministerial anual de la (OCDE), en la que encabezó la delegación mexicana.
“México sigue como desde el primer día de este proceso involucrado, abierto con esta negociación que nos lleve a encontrar un nuevo NAFTA que sirva para los tres países”, dijo Guajardo en la sede mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Esa sigue siendo la disposición en la mesa. Sería totalmente incomprensible para el interés de los países involucrados que mezcláramos las acciones que estamos tomando dentro del proceso de negociación”, agregó el principal negociador mexicano del proceso.
“No la consideramos dentro de nuestras decisiones y acciones de nuestra estrategia para modernizar NAFTA y responderemos de una manera clara y paralela”, reiteró Guajardo sobre la decisión estadunidense que también afecta a la Unión Europea (UE) y a Canadá.
“Estaremos claramente cuidando que al mismo tiempo que esta decisión que toma México sea clara y contundente y seguiremos abiertos al diálogo que hemos mantenido para la modernización del acuerdo”, destacó.
“Siempre hemos dicho que esta decisión no necesariamente la considerábamos dentro de nuestra estrategia de negociación”, señaló.
Comentó que su país “lamenta profundamente y reprueba categóricamente la decisión de Estados Unidos de imponer estos aranceles bajo el criterio de seguridad nacional”, y apuntó que la decisión afectaría “al comercio en alrededor de los cuatro mil millones de dólares” en el caso de México.
“Consideramos que este criterio claramente no aplica con socios y aliados de América del Norte. No hay justificación y presentan una amenaza real a industrias que están altamente integradas en América del Norte”, enfatizó el funcionario.
Anunció que México tomará “acciones equivalentes” a las decididas por los Estados Unidos y comentó que “no se descarta nada”, incluso llevar a Washington ante un comité de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Pero inicialmente el gobierno mexicano tendría la intención de plantear el caso como una presunta violación del marco establecido por el TLCAN firmado por México, Canadá y los Estados Unidos en 1994.