"Las consecuencias de esta emergencia sanitaria no pueden recaer solamente en las empresas. El gobierno tiene que movilizar un fondo de rescate similar al de Estados Unidos o los países europeos. De lo contrario se condena a la quiebra a miles de empresas", advirtió Cervantes.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) mostró su alarma ante el decreto aprobado el lunes por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se indica que "las empresas deben pagar completos los salarios de los trabajadores durante la emergencia sanitaria".
La ley de la emergencia nacional hasta el 30 de abril impide que las empresas incumplan la obligación de mantener el pleno empleo y el cien por cien de los salarios, lo que supone en la práctica, según Cervantes, "condenar a la ruina a miles de empresas".
Riesgo de quiebra
"Si la producción y las ventas caen dramáticamente las empresas no tienen recursos para mantener el cien por cien de los salarios. De manera inevitable muchas empresas se verán abocadas a la quiebra y millones de mexicanos estarán desempleados", aseguró Cervantes.
Concamin representa a 123 cámaras y asociaciones industriales con un total de 1.2 millones de empresas que juntas suponen el 35 por ciento del PIB de México.
Las empresas asociadas a Concamin emplean a 8.5 millones de trabajadores directos y formales con seguridad social y representan el 90 por ciento de las exportaciones industriales del país.
Cervantes destacó que el 0.22 por ciento de las empresas mexicanas son grandes con más de 250 trabajadores. Las medianas, o sea con trabajadores entre 50 y 250, son el 0.83 por ciento y las pequeñas, con entre 11 y 50 trabajadores, representa el 4 por ciento aproximadamente.
Mientras que las microempresas, con hasta 10 trabajadores, representan el 95 por ciento. Por ello, continuó, la mayoría de las microempresas no tienen recursos propios para asumir el coste de la emergencia sanitaria, que en México suma ya más de 1,000 casos y 28 fallecidos.
Preocupación ante posibles multas
La mayoría de los empresarios ha acogido además con enorme preocupación las declaraciones del lunes del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en las que advirtió que las empresas que se opongan a estas acciones o que emprendan despidos injustificados se harán acreedores de sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales.
"Estamos apelando a la conciencia social. Estamos en una situación extraordinaria, comparada quizá con el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Los mexicanos hemos demostrado a lo largo de la historia que somos un país muy solidario", dijo Ebrard.
Para Concamin, la declaración de Ebrard constituye una amenaza sin precedentes a las empresas para que asuman el coste de la paralización económica del país.
"Las empresas no tienen los recursos para asumir el costo de esta crisis sanitaria que está afectando a todo el mundo", indicó Cervantes.
Agregó que México es el único país afectado por el impacto de la COVID-19 que no ha establecido un plan de ayuda a las empresas y un fondo de rescate para paliar las consecuencias enormes para la economía del país.
Piden aplazar impuestos
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México pidió este martes "medidas urgentes" y que se difieran impuestos y pagos mientras dura la pandemia de COVID-19.
El CCE, organismo cúpula de los empresarios mexicanos, remarcó que no quiere ninguna "reducción" de impuestos, pero sí solicitó "urgentemente" al Gobierno una serie de medidas mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus.
Tras una caída del PIB en 2019 de un 0.1 por ciento, las consecuencias de la paralización económica del país puede suponer un decrecimiento del PIB de México durante 2020 del 5 al 7 por ciento, según varios expertos.